Los 7,6 millones del desfalco de San Fernando llevan 10 años como saldo de dudoso cobro

San Fernando/Han pasado más de 11 años y medio del robo de la caja que supuso la escandalosa desaparición de casi 8 millones de euros de las oficinas de Hacienda, aunque el desfalco perpetrado en las arcas municipales sigue a la espera de juicio. El proceso penal –aún en su fase de instrucción– apenas ha avanzado en los últimos dos años y medio y, desde luego, no parece que vaya a resolverse en breve a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que las investigaciones policiales señalan desde un primer momento a dos funcionarios (Clemente Ruiz y María José Lebrero) como únicos sospechosos, quienes además han sido ya condenados como responsables directos del alcance por el Tribunal de Cuentas.

Eso sí, el robo sigue inevitablemente dando coletazos de vez en cuando. Y el dinero desaparecido continúa siendo un saldo de dudoso cobro para el Ayuntamiento isleño. Es decir, un derecho pendiente de cobro que –por las circunstancias que sean– la administración considera de difícil o imposible recaudación.

En realidad, al margen del concepto contable en sí que sirve al Consistorio para reflejar la cantidad desaparecida de las arcas municipales durante varios años y al margen de la reclamación que efectúa el Tribunal de Cuentas, desde un primer momento se ha considerado que recuperar el dinero sustraído durante años era poco menos que un imposible.

En la investigación policial se señalan gastos desorbitados y el elevado nivel de vida de Clemente Ruiz y de su familia y círculo de amistades íntimas (la denominada trama marroquí) durante los años en los que supuestamente estuvo llevándose el dinero de las oficinas municipales y burlando los mecanismos de control rutinarios. Pero a los sospechosos no se les ha encontrado patrimonio ni fondos suficientes para responder por la cantidad desaparecida, que por otro lado les reclama el Tribunal de Cuentas una vez que los ha condenados como responsables directos.

Precisamente, al próximo pleno ordinario irá un trámite a propuesta de Intervención destinado a confirmar esos 7.665.733,92 euros –es la cantidad que finalmente se fija en la sentencia del Tribunal de Cuentas– como saldo de dudoso cobro. Así, ciertamente, se ha contemplado desde un primer momento en el Ayuntamiento la cantidad desaparecida siguiendo un criterio de prudencia contable para evitar que el saldo ejerza "un efecto distorsionador" en el remanente de Tesorería.

Pero ahora, al aplicar el criterio de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se considera necesario que sea el Pleno el que determine y decida la inclusión de estos 7,6 millones de euros en el importe considerado como dudoso cobro al tratarse de un saldo no presupuestario. De ahí el trámite que se abordará el pleno y del que esta semana el gobierno municipal informó ya en la comisión informativa previa a la sesión.

El punto, más allá de ser una formalidad contable, reaviva una vez más el debate en torno al robo de la caja en el seno de la Corporación Municipal y, sobre todo, en torno a la incomprensible demora que arrastra el proceso penal, que hace que casi 12 años después los supuestos responsables de lo ocurrido todavía no hayan sido juzgados, algo indispensable para que La Isla pueda pasar página definitivamente en este lamentable asunto que tantas turbulencias políticas ha desatado siempre. Sobre todo cuando ya en 2015 se señalaba en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la instrucción del robo "sonrojaba" por su lentitud.

Cabe recordar que en el otro proceso que discurre en paralelo a la causa penal –el contable– se dictó sentencia en 2013 e, incluso, se resolvieron posteriormente todos los recursos presentados. De hecho, en septiembre de 2018, el Tribunal de Cuentas dictó ya un auto de ejecución de sentencia en el que señalaba ya la adopción de las medidas pertinentes para la localización y averiguación de los bienes de los dos responsables directos –los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero– al objeto de que respondan con su patrimonio por la cantidad malversada de las arcas municipales. También se acordó la liquidación de los intereses correspondientes a sumar a la cantidad reclamada, que ascendían a 1,4 millones de euros, así que la cantidad que se les reclama supera incluso los 9 millones de euros.

Otra cosa es que se consiga recuperar.