Los trámites para aplicar la nueva tasa consorcial siguen adelante

San Fernando/La nueva tasa consorcial por el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos municipales ha resultado de lo más incómoda e inoportuna. Si los primeros avisos empezaron a llegar a los isleños en plena campaña para las elecciones autonómicas, en el pasado mes de diciembre, propiciando tal rechazo ciudadano que obligó al Ayuntamiento a dar una sonora marcha atrás; ahora, con las generales y las municipales a la vuelta de la esquina y la maquinaria de los partidos a todo trapo, una nueva tanda de notificaciones ha vuelto a dar la voz de alarma entre los ciudadanos.

Hace unos días lo denunciaba el PP aprovechando la oportunidad que se le brindaba y acusando al gobierno municipal de insistir en el cobro de la tasa y de sembrar "el caos y la confusión" entre la ciudadanía. Y, ciertamente, el envío de estas notificaciones por parte del servicio provincial de recaudación de la Diputación después de que el Ayuntamiento asegurara semanas atrás que definitivamente se daba marcha atrás en la aplicación de la tasa consorcial resulta de lo más desconcertante para los isleños que han recibido estas cartas, que ven como una administración –la local– les dice una cosa mientras otra le manda notificaciones que insisten directamente en la aplicación directa de la nueva tasa consorcial.

Se trata –insistió ayer el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez– de una decisión "unilateral" por parte del ente consorcial. La postura del Ayuntamiento, insiste, no ha cambiado a pesar de que desde el Consorcio Bahía de Cádiz y desde los servicios de recaudación se sigue adelante con los trámites para cobrar la nueva tasa y hacerlo, además, con tres años de retraso.

Desde el equipo de gobierno se ha insistido así en los mismos argumentos de hace unas semanas: "Hemos pedido que se paralice la aplicación de la tasa", asegura Conrado Rodríguez. "Y queremos sentarnos para estudiar cómo afrontar la deuda que existe con el Consorcio", continúa. Porque, aunque la cifra concreta no ha trascendido, se calcula que el Ayuntamiento debe en torno a unos cinco millones de euros al Consorcio dado el retraso de tres años que arrastra la aplicación de la tasa.

Ese es, de hecho, uno de los argumentos que esgrime el gobierno municipal al rechazar la aplicación de la tasa: no se puede aplicar "sin previo aviso" y "sin una campaña previa de información" retrasos de tres años. Aunque el ejecutivo municipal comparte la filosofía mediambiental que acompaña la aplicación de la tasa –"igual que se cobra por las bolsas de plástico", recuerda el concejal de Presidencia– lamenta la manera en la que se ha gestionado todo. "El ciudadano no tiene que pagar las incapacidad para gestionar la tasa del Consorcio y del servicio de recaudación", señaló Rodríguez.

También, subraya, desde el equipo de gobierno no se comparte en absoluto los "saltos" que recoge la ordenanza reguladora de la tasa para algunas de las tarifas, que afectan especialmente a la actividad económica. Es decir, a los hosteleros, comerciantes y empresarios. De hecho, recordó, en su momento se instó a que se modificaran dichas tarifas, pero no se ha hecho.

A día de hoy –insistó Conrado Rodríguez– el Ayuntamiento tiene "bastante claro" que se saldrá de la tasa consorcial a partir del próximo ejercicio. Y evalúa "los pros y los contras" de seguir formando parte del Consorcio. Aunque, claro está, hay que pagar por el servicio que se presta y saldar la deuda que existe con el Consorcio.