La denuncia sobre las obras de la casa de la concejala de Urbanismo deriva en la apertura de un proceso judicial a propuesta de Fiscalía

San Fernando/Las diligencias de investigación llevadas a cabo por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada por la formación política Plataforma 3R en relación con las obras que la concejala de Urbanismo, Claudia Márquez, está llevando a cabo en una casa de su propiedad que ha adquirido en el centro de San Fernando han derivado en la apertura de un proceso judicial a propuesta de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que se instruye ya en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Fernando.

Así lo ha anunciado hoy el coordinador del partido local, Juan José Fornell, acompañado del presidente del Partido Popular isleño y portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento, José Loaiza, que ha confirmado además que su formación política se personará en el proceso en los próximos días.

Ambos además, en esta comparecencia conjunta que se ha llevado a cabo en la sede del PP, han exigido la salida inmediata de Claudia Márquez del gobierno municipal "sin mayor dilación" y han elevado la presión sobre el ejecutivo local al cuestionar las razones por las que la alcaldesa, Patricia Cavada, no ha cesado todavía a la que hasta hace unos días fuera la responsable de Urbanismo.

La apertura de diligencias judiciales, más allá de la investigación preliminar llevada a cabo a raíz de la denuncia que se presentó en Fiscalía en 2021, ha trascendido apenas una semana después de que la regidora isleña acometiera la reorganización del gobierno municipal tras la dimisión de la edil Claudia Márquez como responsable del área de Desarrollo Urbano.

Dicha renuncia, que se hizo pública a media tarde del Miércoles Santo, se dio a conocer después de que la edil socialista anunciara su intención de recurrir en un contencioso los últimos informes relativos a las obras de su casa que habían elaborado los técnicos municipales a partir de otra denuncia que, en paralelo, habían planteado el PP isleño en Urbanismo.

Estos nuevos informes suponen un cambio en el criterio que hasta el momento habían mantenido los técnicos municipales, que hasta entonces habían argumentado que todo el proceso seguido y las obras llevadas a cabo por la concejala de Desarrollo Urbano era correcto y conformes a los proyectos aprobados en su día por la comisión municipal de patrimonio.

Además, los citados informes dieron lugar a un decreto firmado el pasado 28 de marzo por Conrado Rodríguez, delegado de Presidencia y compañero de Claudia Márquez en el gobierno, en el que se confirma la apertura de un procedimiento administrativo "para el restablecimiento del orden jurídico perturbado" en la ejecución de las obras de la casa dada "la ampliación de volumen edificatorio en aproximadamente 20 metros cuadrados" que se había acometido sin cobertura legal.

Sobre la apertura del proceso por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 no se conocen muchos más detalles. Tanto Plataforma 3R como el PP de San Fernando han advertido que el tema se encuentra en su fase inicial y han evitado pronunciarse en este sentido hasta conocer con detalle toda la información que se maneja en las diligencias que ahora arrancan. Así que por el momento no han trascendido los argumentos en los que se basa la Fiscalía para plantear el inicio de acciones judiciales -los posibles delitos que, llegado el caso, se hubiesen podido cometer- o las personas que podrían ser citadas en el proceso en calidad de investigadas.