La operación urbanística planteada en FSC encara sus últimos trámites

La aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá abordar de una vez la recalificación de los terrenos de la desaparecida Fábrica de San Carlos (FSC) cuenta ya con el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo y solo está a la espera de que se cumplimente la preceptiva firma de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Se trata de un trámite decisivo que se prevé que la Administracion andaluza resuelva en un breve plazo y que dará luz verde al desarrollo de los suelos que antaño ocupaba la emblemática factoría, una operación urbanística que intervendrá en una superficie de más de 130.000 metros cuadrados en la que, según la última ordenación consensuada, se construirán unas 800 viviendas (de las que el 30 por ciento serán protegidas).

La recalificación del suelo -que con esta modificación de plan pasará de ser industrial a residencial- es una actuación que fue consensuada en su día por todos los grupos políticos para dar una salida airosa a la difícil situación en la que se encontraban los trabajadores de FSC. Fue entonces, hace ya casi quince años, cuando se creó Sogescar, la sociedad mixta participada también por la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) que se constituyó para afrontar esta operación urbanística y a la que ahora le tocará abordar la transformación de toda esta zona colindante a La Casería.

Sin embargo, este desarrollo que tenía que llevarse a cabo a mediados de la pasada década -durante los años de bonanza- chocó con el rechazo del Ministerio de Defensa, que mantuvo una férrea negativa a cualquier posible actuación alegando razones de seguridad militar en las que interferían las diferentes propuestas -hubo varias a lo largo del tiempo- que se pusieron sobre la mesa.

Fue hace dos años -concretamente, el 12 de junio de 2012- cuando la Dirección General de Infraestructura de la Defensa, tras varios meses de negociaciones, levantó el por fin el veto y permitió que el Ayuntamiento afrontara esta modificación del PGOU que ahora entra en su recta final. Los primeros pasos se dieron en el verano de ese mismo año.

A finales del pasado mes de junio fue aprobada en pleno la aprobación provisional de esta modificación de Plan tras la oportuna tramitación administrativa y la correspondiente elaboración de los informes que desde la Dirección General de Urbanismo y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se habían exigido para validar la operación urbanística.

Ya entonces trascendió que ambas administraciones -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- tenían prácticamente cerrado el tema de FSC y que solo era necesario abordar los últimos trámites administrativos e incorporar determinadas modificaciones con la aprobación provisional.

Los tres informes requeridos y tramitados a lo largo de los dos últimos años daban cobertura a la recalificación del suelo y a la futura operación urbanística. Se trataba en primer lugar de un informe de la Consejería de Cultura que se solicitaba ante la posible existencia de restos arqueológicos y la cercanía de entornos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). También se requería un informe favorable de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Hidráulico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Y -el más complicado- un estudio que descartara la posible contaminación de los suelos de FSC a causa de su prolongada actividad industrial y en vista del importante desarrollo residencial previsto. Dicho informe tuvo que ser encargado a una empresa especializada, que realizó las oportunas catas, analizó el terreno y descartó su posible contaminación. En junio, cuando se abordó la aprobación provisional de la modificación del PGOU, se conoció que la Junta había dado su visto bueno a este último informe.