Una sentencia considera que la ex edil de Urbanismo de San Fernando hizo obras irregulares en su casa

San Fernando/La que fuera concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de San Fernando hasta la recta final del anterior mandato, la socialista Claudia Márquez, realizó mientras gobernaba en el Consistorio obras irregulares en la casa de su propiedad que adquirió en el centro de la ciudad y que rehabilitaba para acondicionarla como vivienda familiar.

Así lo considera la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz el pasado 19 de enero, que desestima el recurso presentado por la ex edil contra los decretos de 28 de marzo y de 22 de julio que señalaban esas irregularidades urbanísticas y que obligaron a paralizar la obras del inmueble.

La resolución judicial, dicho de otra forma, da la razón a los técnicos municipales y corrobora lo que dicen los informes técnico y jurídico del 2 y del 20 de junio de 2022. Incluso impone a la que fuera concejala las correspondientes costas procesales.

La sentencia, de la que se ha hecho eco este miércoles el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, brinda el último capítulo del culebrón en el que en el pasado mandato se convirtieron las obras de la casa de la delegada de Desarrollo Urbano, que propiciaron primero su salida al frente de este área municipal y más tarde de la política local al descartar el PSOE su continuidad en la candidatura a pesar de haber sido una de las figuras clave del gobierno de Cavada y de las más cercanas a la regidora.

El caso, que fue in crescendo a lo largo del último año de mandato, derivó en una situación surrealista cuando la edil recurrió en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo los decretos relativos a las obras de su casa que había dictado el mismo gobierno municipal al que pertenecía (concretamente, los firmaba el que fuera delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez). Aunque la justicia ha dado finalmente la razón al Ayuntamiento isleño. O más concretamente, al ejecutivo municipal al que ella también pertenecía. La sentencia, eso sí, es susceptible de recurso.

Según el concejal andalucista Fran Romero, la sentencia establece que, tal y como advertían los informes municipales, en las obras de rehabilitación de la vivienda "se ha acreditado la existencia de un aumento del volumen de la edificabilidad no amparado ni por la orden de ejecución que se autofirmó la edil ni por la declaración responsable de manera que es necesaria la obtención de licencia de obras así como la correspondiente autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio dada su condición de bien catalogado por el planeamiento, todo con arreglo a la Ley". Tramites que la ex edil de Urbanismo, según la resolución judicial y los informes municipales, habría pasado por alto.

El portavoz de AxSí San Fernando, una de las formaciones políticas que con más ahínco denunció los hechos desde la oposición, ha aprovechado para recordar la postura que su partido mantuvo desde el primer momento y ha subrayado también que en los informes de los técnicos de Urbanismo "hasta en tres ocasiones el arquitecto municipal reiteraba falsedad del plano del estado actual que sustenta la actuación" y acreditaba que "se ha ejecutado una ampliación volumétrica sin título habilitado constatando que el estado actual de la finca en el momento anterior a la actuación no era el reflejado en el proyecto que presentó el interesado".

Romero: "Hablaban de una campaña de acoso y me exigían disculpas"

Desde AxSí, Fran Romero, ha aprovechado la sentencia para señalar que "dichas irregularidades tuvieron lugar en todo momento con la complicidad de Cavada, quien autorizó por decreto la ejecución de las obras de su compañera el 11 de junio de 2020 y a la que mantuvo en el gobierno durante todo el mandato".

El andalucista ha echado mano también a aquellas declaraciones de Conrado Rodríguez que aseguraba que "no hay caso Claudia Márquez", que realizó el 12 de mayo de 2022, cuando se conoció el archivo de las diligencias judiciales abiertas a raíz de una denuncia presentada por Plataforma 3R, que aunque aludía igualmente a las obras de la vivienda en nada coincidía con lo que las irregularidades de las que hablaba en aquellos momentos la oposición.

"Hablaba entonces (Conrado Rodríguez) de una campaña de acoso y me exigían disculpas públicas", ha recordado. "Pues bien, finalmente la justicia ha hablado y con ello podemos decir, objetivamente, que siempre ha habido caso, que las evidencias de ilicitud son ciertas y verdaderas. Y nos preguntamos si habrá ahora alguna disculpa pública por parte del gobierno local".