Los pueblos gaditanos no hacen los deberes para retirar el amianto de edificaciones

A poco que se dé uno una vuelta por construcciones desperdigadas por el campo o se suba a alguna azotea en los pueblos de la provincia, ve que el amianto sigue presente en nuestras vidas en forma de tejados de naves o inmuebles, tuberías o depósitos de agua. El uso de este material de construcción se prohibió en 2001 en España por la peligrosidad que entraña la degradación de sus fibras para la salud humana (es un cancerígeno de primer nivel) pero, a día de hoy, aquellas edificaciones que se levantaron en la segunda mitad del siglo XX siguen ahí. Era un material barato de extraer de la naturaleza y para el bolsillo de quien construía y versátil en su manipulación.

Ahora, la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obligaba a los Ayuntamientos a realizar un censo detallando y localizando tanto construcciones privadas como públicas en un plazo máximo de un año, que terminó en abril de 2023, para fijar un calendario con la intención de planificar su retirada por empresas especializadas. Pero, el grueso de los Consistorios en la provincia gaditana no ha hecho los deberes y realizado este estudio, que ha de tener carácter público, para elevarlo a las administraciones superiores.

Ante esto, Ama Natura-Ecologistas en Acción reclamó el año pasado a los 19 pueblos de la Sierra un compromiso para el cumplimiento de esta ley por la afectación a la salud de la ciudadanía que representa la liberación de fibras microscópicas de este material, que se desplazan por el aire y, por inhalación, se introducen en los pulmones pudiendo originar diversas enfermedades, entre ellas cáncer. Ante la falta de respuesta oficial de estos Ayuntamientos a su petición, este colectivo conservacionista ha realizado con medios propios censos de construcciones con amianto que persisten en Arcos, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema y Benamahoma, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga y Zahara de la Sierra. Y ha detectado medio millar de ellas, un número que podría aumentar puesto que son a vista de pájaro y no se han identificado elementos en interiores (edificaciones no visibles).

Por ejemplo, en el caso de Arcos se ha identificado un centenar de instalaciones en un primer tanteo. El colectivo ecologista subraya que se trata de una identificación preliminar, no exhaustiva, y exige a los Ayuntamientos de la Sierra y el resto de la provincia a formalizar este censo como marca la ley y a poner sobre la mesa si hay edificaciones también de titularidad pública. “Hemos de tener en cuenta su degradación puesto que la vida útil del fibrocemento se estima entre 30 y 50 años y la mayor parte de este material fue instalado entre los años 60 y 80 del siglo pasado”, dice Antonio Acosta, portavoz de Ama Natura-Ecologistas en Acción en la Sierra.

Este colectivo recuerda que en la disposición adicional decimocuarta de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “tanto el censo como el calendario de los Ayuntamientos, tendrán carácter público y serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. Además, si los particulares que tienen amianto en sus inmuebles no responden a su retira, los Consistorios tendrían “que hacerlo de oficio y pasarles la factura” como en el caso de las viviendas ilegales, determinan algunas fuentes.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Salvador Valle, reconoce que en abril de 2023 el anterior gobierno municipal tenía que haber realizado el censo como marcaba la ley. Así que la nueva Corporación de Arcos contempla una propuesta de gasto para contratar una empresa especializada para que determine qué construcciones del término municipal contienen amianto. “El Ayuntamiento no tiene técnicos especialistas que lo sepan detectar. Por lo tanto, buscaremos una empresa para ello”. De momento, Ama Natura cuantifica en más de un centenar de construcciones en una primera inspección en la localidad, una cifra que podría aumentar ya que Arcos es el segundo municipio de la provincia con mayor término municipal. “Desconocemos si hay amianto en bienes públicos, sospechamos que podría haber”, dice Salvador Valle, el edil del Gobierno arcense, que reconoce que las administraciones municipales tienen, según la ley, que desmantelar estas instalaciones teniendo como horizonte de aquí a cuatro años.