Constatan "indicios de criminalidad" en la gestión del vertedero de Zaldibar

Bilbao/La investigación de la Ertzaintza en torno al derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde permanecen sepultados dos trabajadores bajo toneladas de escombros desde el pasado 6 de febrero, ha detectado "indicios de criminalidad" en la gestión de la instalación, según publicó ayer el periódico El Correo.

El diario se hace eco de las primeras conclusiones de la Ertzaintza en torno al suceso que figuran en el sumario judicial abierto por esta causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango (Bizkaia), al que afirma haber tenido acceso. Según indica, la Ertzaintza vincula "las actuaciones irregulares" con el derrumbe de la escombrera.

Estas irregularidades vulneraban supuestamente la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que fue concedida en 2007 y renovada en 2013 por el Gobierno Vasco a la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero, para que pudiera desarrollar la actividad en la escombrera.

Los investigadores señalan que en función de la información procedente de "fuentes abiertas", en el vertedero "se estaba eliminando todo tipo de residuos", no sólo para los que tenían autorización. Se indica, en este sentido, que entre "algunos profesionales" del sector el vertedero era conocido como "el agujero" porque no se revisaban los residuos que llegaban.

La Policía Autónoma Vasca, según lo publicado, aprecia dos delitos: un primero cometido contra los recursos naturales y el medio ambiente, por ponerse en "riesgo grave" el entorno natural y "la salud de las personas", y un segundo, contra los derechos de los trabajadores.

De las pruebas recogidas en el sumario, también se concluye que Verter almacenó amianto sin el visto bueno de la Inspección de Trabajo, según la misma fuente, que precisa que la firma se inscribió en el registro de empresas con riesgo en 2017, cuando llevaba años gestionando este material.

Este sábado, cuando se cumplieron cuatro meses del derrumbe del vertedero de Zaldibar sobre la autopista AP-8, se celebraron movilizaciones en demanda de que se encuentre a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores que permanecen sepultados bajo los escombros.

Por su parte, el Gobierno vasco anunció el pasado viernes que remitirá en breve a la empresa Verter Recycling las primeras facturas de los trabajos que se están llevando a cabo en la instalación, trabajos que tienen un valor de 3,4 millones de euros.