Entidades sociales contra la tributación del SMI: "La medida aleja a España de una fiscalidad justa"

La subida de 50 euros en el Salario Mínimo Interprofesional, aprobada y publicada en el BOE, y con efecto retroactivo desde todas las contrataciones con efecto de 1 de enero de 2025, está generando mucho que hablar a raíz de la tributación de IPRF que conlleva a partir de ahora.

La clave de la polémica

Multitud de colectivos sociales se han ido posicionando desde el anuncio de la medida.

Algunos de ellos han sido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), quienes han rechazado la medida reclamado al Gobierno que las personas perceptoras del SMI no paguen el impuesto sobre la renta de la personas físicas.

"Personas con discapacidades perciben salarios bajos"

"El CERMI reprueba que el Gobierno quiere hacer tributar a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional y lo dice desde la legitimidad de que gran parte o la mayor parte de personas con discapacidad que trabajan serían castigadas con esta medida, puesto que el rango salarial en el que se desenvuelve una buena parte de las personas con discapacidad son rangos salariales retributivos bajos, muchos de los cuales se les aplica el SMI", según ha indicado su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno.

De este modo, la organización ha exigido al gobierno que "no castigue" fiscalmente a los preceptores de salario mínimo interprofesional haciéndolos tributar por el IRPF.

Para la entidad social, las medidas de garantía social básica como el SMI "deben estar exentas de tributación, ya que de otro modo pierden en todo o en gran parte su objeto de elemento de apoyo a la inclusión social y de mantener unas condiciones mínimas de vida", ha indicado.

Según sostiene el CERMI, "son muchos los trabajadores" que están en el rango retributivo del SMI por lo que "el impacto de esta carga fiscal representará un claro perjuicio a su capacidad de renta, de por sí baja, que diluirá en buena medida algo positivo como ha sido la elevación del SMI producida en los últimos años".

"Siempre debe estar exento"

CERMI reclama al Ejecutivo que el SMI, sea cual sea su cuantía, "esté siempre exonerado de tributar por el IRPF a fin de que no quede desvirtuada una medida de evidente contenido social concebida para asegurar un suelo retributivo para todos los trabajadores".

Lo mismo pide la que representa a cerca de 28.000 entidades sociales.

El presidente de la organización, Luciano Poyato, valora positivamente la subida del salario, pero considera "imprescindible que esta medida vaya acompañada de la correspondiente actualización en el IRPF para asegurar que quede exonerado de tributación".

En ese sentido, Poyato ha alertado de que si no se mantiene la exención de tributación en el IRPF "se producirá un efecto de desigualdad en el sistema fiscal español castigando a las personas con menor capacidad económica".

Reclaman cobertura social

Por ello, desde la Plataforma del Tercer Sector instan al Gobierno a resolver esta situación para "aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades", así como "luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal, dentro y fuera de nuestras fronteras".

Exigen mayor presión a las rentas más altas

En cuanto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), la entidad también celebra la subida del salario mínimo, pero pide que quede exento de tributar el IRPF, "ya que esta medida aleja a España de un sistema de fiscalidad justo", y que se ponga "más presión recaudatoria en las rentas más altas".

Si bien, desde la red han mostrado su rechazo a la decisión de Hacienda de aplicar el IRPF al SMI, e instan al Gobierno a elevar el umbral exento del IRPF como en años anteriores, para evitar los efectos de esta medida en sectores de la población más vulnerable.

En ese sentido, desde la entidad piden al Gobierno "apostar por un sistema fiscal justo y una redistribución de la riqueza que garantice la cohesión social y refuerce el Estado del Bienestar, poniendo más presión recaudatoria en las rentas más altas".