Matar a una rata tendrá pena de cárcel y no castrar a una mascota una multa de hasta 10.000 euros

Matar a una rata o no evitar la reproducción de perros, gatos o hurones puede acarrear multas, serán acciones consideradas como graves en la nueva normativa de Bienestar Animal.

A partir del 28 de septiembre, entra en vigor esta ley para mejorar la protección de los animales y prevenir el abandono. En España, uno de cada tres hogares convive con una mascota y hay más de 13 millones de animales de compañía censados e identificados. Sin embargo, según la Fundación Affinity, se abandonan de media unos 460 perros al día.

Algunos flecos de la nueva ley del bienestar animal

Esta nueva ley otorga derechos a muchos animales que antes no los tenían. Por ejemplo, matar a un vertebrado tendrá penas de prisión de entre 6 y 18 meses de prisión. Por lo cual, el ataque sin motivo a animales como las ratas o los gatos callejeros estará castigado penalmente. Ahora bien, matar a uno de estos roedores no estará penado si se actúa en defensa propia, se trata de un miedo insuperable o se trata de un control de plagas.

Otro dato a destacar que se recoge en la revista Consumer, es que los dueños de perros, gatos o hurones deberán evitar la reproducción del animal, ya sea sometiéndolo a una esterilización quirúrgica o tomando medidas preventivas como evitar que el animal se junte con otros animales sin control. Si no lo evitan, podrían enfrentarse a sanciones de entre 500 y 10.000 euros.

Los perros, gatos y hurones que vayan a ser dados en adopción también deberán ser esterilizados previamente. O, en su defecto, el dueño debe asumir un compromiso de esterilización o no reproducción si el animal no tiene la edad o no se dan las condiciones suficientes para realizar la cirugía.

El objetivo es evitar que se disparen las poblaciones de animales y reducir así el abandono. Los mendigos, por su parte, han quedado excluidos de la prohibición de tener animales, ha sido una de las enmiendas introducidas durante la tramitación de la ley en el Senado). El fin es evitar que se ponga el foco en las personas que viven en extrema vulnerabilidad y cuidan de sus mascotas, impidiendo así que se les impongan multas.

Responsabilidades y posibles infracciones

La persona responsable del animal estará obligada a mantenerlo “en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable”. También está prohibido dejar a un animal sin supervisión. En todo caso, si se produjese la desaparición o sustracción del animal, es obligatorio comunicarlo a las autoridades pertinentes en un plazo máximo de 48 horas.

El dueño debe prestar los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y el dueño será también el responsable de los posibles daños, perjuicios o molestias que este pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural.

La ley tipifica tres tipos de infracciones con sus correspondientes sanciones: leves, con multas de 500 a 10.000 euros; graves, penadas con entre 10.001 y 50.000 euros; y muy graves, entre 50.001 y 200.000 euros.

Una infracción leve, por ejemplo, es permitir que los animales deambulen por espacios públicos sin supervisión, no tener contratado un seguro de responsabilidad civil o no esterilizar a los animales que tengan acceso no controlado a otros animales.

Como infracciones graves, la ley considera el uso de métodos agresivos o violentos en la educación del animal (como los collares eléctricos, de impulso, castigo o ahogo), el abandono o dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. O en el caso de los perros, 24 horas y mantener de forma permanente a perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

Entre las infracciones muy graves se recoge la eutanasia de animales con medios inadecuados, el adiestramiento y uso de animales para peleas, dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados o la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas.