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Las familias gaditanas con más dificultades para llegar a final de mes recibirán una nueva ayuda del Gobierno central con las anunciadas tarjetas monedero. A partir de fondos europeos, se repartirán unas tarjetas electrónicas a las familias con hijos, en vez de repartir comida directamente como se hacía hasta ahora. De esta forma, los beneficiados podrán escoger directamente en el supermercado los alimentos deseados, siempre dentro de una selección.
La encargada de distribuir las tarjetas será Cruz Roja, a la que el Gobierno le concede 100 millones de euros de subvención procedentes del Fondo Social Europeo Plus. Esta entidad se encargará de la asistencia de material básico para familias con hijos en situación de pobreza severa y con ingresos por debajo del 40% de la media.
Según se recoge desde EFE, está dirigido a unos 70.000 hogares. “Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir”, declara a la agencia la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
Estas tarjetas las entregará Cruz Roja desde abril hasta el mes de diciembre. El dinero de las tarjetas dependerá de la situación de cada familia. Un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros. Otro aspecto a destacar es que no es necesario que el adulto sea padre o madre, también cuentan otros familiares.
Los recargos de dinero de esta tarjeta dependerá de la situación familiar. Las cantidades pueden cargarse para un mes, dos o tres meses y hasta un máximo de un año. Aún así, desde Derechos Sociales aclararon a EFE que las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas. Por ejemplo, las facilitadas por entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.
El Gobierno ha implementado esta medida para evitar que muchas familias vulnerables quedasen desamparadas ante la falta de acuerdo con las comunidades autónomas. El programa europeo que financiaba el reparto de alimentos a través de Banco de Alimentos y Cruz Roja también terminaba en estas fechas. Por lo que esta nueva medida busca garantizar la alimentación a núcleos en situación de pobreza. En principio, serán los gobiernos regionales los que tengan que asumir estas gestiones de derechos sociales a partir del 1 de enero de 2025.
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