Vuelve la expropiación de fincas a Cádiz por parte del Ayuntamiento. La intención que meses atrás ha ido repitiendo el alcalde, Bruno García, de recuperar esta fórmula jurídica por la que edificios de la ciudad que se encuentran en mal estado de conservación o abandonados es ya un plan firme por parte del equipo de gobierno. De hecho, en la diana del Consistorio hay ya dispuestas dos fincas del casco histórico cuyo proceso de expropiación se quiere iniciar en breve.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que indican que los dos edificios seleccionados se presentan como los más propicios -por sus circunstancias- para retomar estos expedientes de expropiación que fueron relativamente asiduos en tiempos de Teófila Martínez pero que frenaron en seco entre 2015 y este 2024, años en los que no ha habido en Cádiz una sola expropiación por parte de la administración local.

Ya ha defendido en varias ocasiones el alcalde que esta fórmula de la expropiación es una medida necesaria, primero por el mal estado y el abandono de determinados edificios, y también como recurso para favorecer la construcción de nuevas viviendas municipales o de protección. No en vano, el Ayuntamiento tiene actualmente pendiente iniciar las obras para dar a la ciudad un centenar de nuevos pisos, resultantes de las distintas promociones en las que ya se venía trabajando o que se han activado con la llegada del PP el pasado mes de junio.

Se trata de las promociones de Sagasta, Pericón de Cádiz, García de Sola, Marconi o San Juan Bautista de la Salle. El problema es que más allá de estas actuaciones no hay ya opciones a la espera en manos del Ayuntamiento, más allá de la reurbanización integral de la zona de Tacita de Plata, cuyo proyecto contempla ampliar considerablemente el número de viviendas (de las 112 actuales a 209) al construir nuevos bloques en sustitución de las actuales construcciones.

Por ello, la expropiación de fincas en mal estado se considera una vía necesaria para seguir incrementando el parque de viviendas, que según insiste el alcalde será una prioridad durante su mandato; entre otras cuestiones, porque otorgando un mayor acceso a la vivienda se considera desde el actual gobierno que podrá frenarse la sangría de población en la que anda sumida la ciudad.

El momento de expropiar

La clave para iniciar los procesos de expropiación de las dos fincas señaladas por los técnicos municipales está en el remanente líquido de tesorería resultante del ejercicio 2023. Es decir, los 17,3 millones de euros anunciados hace unos días, a los que ahora suma también el Ayuntamiento otros 769.000 euros “de un remanente de inversiones afectadas”, lo que ofrece una cantidad total de 18,07 millones de euros que serán incorporados al presupuesto.

De hecho, ya ha anunciado el Ayuntamiento que ese remanente económico quedará incorporado una vez que lo apruebe el pleno municipal. Y para ello, se ha convocado una sesión extraordinaria para este próximo viernes, que permitirá cumplimentar este trámite económico que se antoja de vital importancia para la reactivación de las expropiaciones y, al mismo tiempo, para culminar de una vez la elaboración del nuevo presupuesto en el que sigue enfrascado el gobierno.

Ya explicó el Ayuntamiento hace varias semanas que ese importe que se incorporan al presupuesto tendrán varios destinos. De un lado, la amortización de la deuda municipal, a lo que se destinarán 15,3 millones de euros; y de otro, al abono de obligaciones ya reconocidas, como el déficit de explotación del servicio de autobuses urbanos correspondiente de 2022 (a lo que se destinará 1,45 millones que se suman a los 1,94 millones que ya estaban previstos); la aportación de 1,32 millones al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz correspondiente al ejercicio de 2023; y obligaciones varias de ejercicios entre 2018 y 2022 cuyo bloque no supera los 10.000 euros.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la expropiación? Pues según ha trasladado en alguna ocasión Bruno García, esta operación económica de incorporar al actual presupuesto el remanente de 2023 tiene una influencia directa sobre las cuentas que se pretenden aprobar para 2024 porque al asumirse esos gastos relativos a los 18,07 millones de euros de remanente se liberan partidas que se pueden destinar a inversiones propias de la gestión municipal.

Y es aquí donde entra en juego la expropiación. El propio alcalde anuncia en relación al pleno de este viernes que el próximo presupuesto dedicará “importantes partidas a la expropiación de fincas y solares que serán destinadas a vivienda pública, revirtiendo así la dinámica de los últimos ocho años en los que no se había realizado una sola adquisición por esta vía ni por ninguna otra”.

Del mismo modo, anuncia que la aprobación de este expediente de modificación de créditos “nos permitirá como ciudad afrontar con mayor garantía si cabe los retos de futuro, que pasan por dotar a la Delegación de Servicios Sociales de una estructura sólida de atención a los usuarios de la misma, tanto en el servicio de Ayuda a Domicilio como en el de Atención a las Personas Sin Hogar”.

Y en último lugar cita también García las actuaciones sobre la plantilla municipal, “que nos encontramos con 60 plazas sin cubrir” que se quiere solucionar. “Y además nos volcamos en programas de fomento del empleo dotando con 1,2 millones de euros los programas de incentivo a la contratación de gaditanos y a la inversión en nuevas empresas”, ha añadido.