La portuense Pilar Martínez ha planteado ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo una solicitud para que los pequeños propietarios de viviendas, que en la mayoría de los casos tienen una o dos casas, no se vean obligados a asumir la carga de mantener durante años a los inquilinos que no pagan su renta, o a personas que ocupan su vivienda y se declaran vulnerables, lo que hace que se paralicen o retrasen los procedimientos judiciales y los posibles lanzamientos que se hayan declarado. 

Pilar Martínez, al igual que Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, están de acuerdo en que hay que apoyar a las personas vulnerables, especialmente a las familias, pero según han expuesto en dicha comisión "esa responsabilidad ha recaído en los pequeños propietarios", ya que una vez finalizada la pandemia de Covid se prorrogó el decreto dictado entonces, que impedía desocupar una vivienda por impago del inquilino y que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2024, en caso de que se declare la situación de vulnerabilidad en los residentes. 

Con ello, "le han sumado al pequeño propietario una responsabilidad que le corresponde al Estado". Se producen de esta forma casos en los que algunos propietarios llevan cuatro años sin poder recuperar su casa, pese a encontrarse ellos mismos a veces en situación precaria, quedándose sin domicilio mientras no se resuelve la situación, con el añadido de tener que hacer frente a los gastos de la vivienda ocupada. Aunque existen compensaciones, según la Plataforma, sólo llegan al 25% de los afectados, y además se pagan al cabo del tiempo. 

El problema afecta a todo el país, por lo que desde la Plataforma reclaman que el Estado facilite una alternativa habitacional para las personas vulnerables o el pago de unas compensaciones económicas acordes con los contratos que se firmaron en su momento y que los inquilinos dejan de pagar al declararse la vulnerabilidad. 

Antes de la presentación de la petición en el Parlamento, Pilar Martínez y Ricardo Bravo mantuvieron en Bruselas una serie de encuentros con los eurodiputados Cristina Maestre (PSOE), Jordi Cañas (Ciudadanos), y Juan Ignacio Zoido (PP), "ya que queríamos que nos apoyaran". También Vox, representado por Jorge Buxadé votó a favor de la solicitud de los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, por lo que la petición ha quedado abierta, al obtener el visto bueno de la mayor parte de los grupos de la comisión, aunque no fue secundado por Sumar y Podemos.

Además de los casos de ocupación más comunes, los representantes de la plataforma pusieron sobre la mesa otros en los que se produce la usurpación de edificios enteros por parte de mafias, que a su vez arriendan los pisos como puntos de venta de droga, para actividades ilícitas o para ejercer la prostitución. En estos casos, algunos propietarios que son dueños de viviendas legalmente adquiridas tienen que convivir con sus familias en estos ambientes, sufriendo todo tipo de coacciones y situaciones violentas.