“No tiene por qué haber una rebaja en la pena de sedición”

Pese a sonar en las apuestas, Juan Carlos Campo (Osuna, 1961) se marchó con sus amigos a la Sierra el mismo fin de semana que Sánchez llamaba a sus ministros. Algunos de ellos se mostraron algo nerviosos porque no tenían cobertura. Y Campo, gaditano de adopción, les dijo: “No preocuparos, ¿pero de verdad pensáis...?” Y lo llamaron a última hora, y apenas tuvo tiempo para tirar para Madrid volando, dispuesto a ocupar el cargo más difícil que se recuerda en lustros. Durante su paseo, este jueves, por Fitur, se hizo más fotos que en casi toda su trayectoria, como si fuera un galáctico. Es la faceta del poder que peor lleva, aunque lo disimule bien. Y en su Cádiz se estrenó este viernes presidiendo la entrega del I Premio Pérez-Llorca. El Colegio de Abogados distinguía a los dos únicos padres vivos de la Carta Magna: Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Sin la capacidad de todos ellos para tender puentes, este país no hubiese disfrutado de 40 años de democracia. Y seguro que Campo, doctor en Derecho y magistrado, con una amplia trayectoria política, pensará en ello ahora que nuestra democracia se enfrenta a su mayor desafío con Cataluña partida en dos y con el Congreso más alejado que nunca del espíritu de aquella Transición.

Nada más bajarse del coche oficial y antes de conceder su primera entrevista, pregunta por los seis pescadores gaditanos desaparecidos en Marruecos y por sus familiares, antes de asomarse al incomparable balcón que nos ofrece el Parador Atlántico.

–¿A quién fue la primera persona que llamó cuando le confirmaron su cartera de ministro?

–Tuve la suerte de estar rodeado de todos mis seres queridos, salvo de mi madre, a la que llamé más tarde y se alegró muchísimo.

–Sonaba en las apuestas, pero se conoció el último. ¿Se equivocan quienes vinculan este hecho al debate interno sobre la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado?

–El presidente me comunicó su decisión, pero desconozco los vericuetos internos. Nadie puede poner en duda que es una fiscal con 25 años de trayectoria, luchadora contra el terrorismo, miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales, del Consejo Fiscal..., nadie puede dudar que es una luchadora por la Fiscalía y la promoción de la acción de la Justicia.

–¿Le llamó la atención que se conociera esta decisión antes incluso de su toma de posesión?

–Fue una decisión del presidente e imagino que la calibraron. Sólo se habla del nombramiento, lo que nadie tiene en cuenta es que, por automatismo legal, la Fiscal General del Estado que ostentaba el cargo tenía que cesar, y no es bueno dejar mucho tiempo las instituciones sin un jefe al mando.

–Su nombramiento ha sido avalado también por el CGPJ, pero ha generado una gran controversia al ser señalada con el dedo por el Gobierno, justo cuando se habla de despolitizar la Justicia. ¿Cómo lo ve usted?

–Bueno, fruto de un debate que tendremos que superar alguna vez con rigor. La despolitización de la Justicia es una necesidad, pero realmente no es porque esté politizada, sino porque hay que superar ese debate, en muchas ocasiones maniqueo, que responde a muchos intereses. No te gusta alguien y dices que está politizado. Luego, politización de la Justicia, no. ¿Alguien puede dudar de que hay 3.500 fiscales que se la comerían si intentara hacer algo? Es absurdo. La conozco y sé que no lo haría, y el Ministerio Fiscal tiene unos mecanismos para discrepar con una orden de un superior. Es como el debate con la posible vuelta de un magistrado de la política a la Audiencia. ¿Alguien cree que un magistrado es tan fuerte que doblega a los demás? Esto es insultar a la carrera judicial.

–¿Qué ha sucedido para pasar a hablar de un problema de convivencia en Cataluña a desjudicializar la Justicia?

–El problema de convivencia ha generado unas transgresiones del ordenamiento jurídico, y es cuando entra en acción la Justicia. Ahora, no olvidemos que la Justicia no resuelve el problema, castiga a los culpables. Por tanto, sin dejar que deje de actuar la Justicia, hay que abordar un problema de convivencia, y éste sólo se puede resolver dialogando, entendiendo al diferente y buscando terrenos comunes. Sabiendo que algo no se puede modificar: el status quo de hoy. El ordenamiento jurídico sí podemos alterarlo, pero entren ustedes siguiendo las pautas legales y luchen desde ahí. En nuestra democracia caben todos. Aquí tenemos una monarquía parlamentaria y tenemos partidos con un ideario y una denominación que incluye la república. No pasa nada, pero si lo quieren conseguir tienen que hacerlo por el cauce constitucional.

–Acude a Cádiz a un homenaje a los padres de la Constitución del 78. ¿Qué se le pasa por la cabeza con lo que tiene por delante y con una clase política tan polarizada?

–Lo comenté en mi primer acto como ministro con Miquel Roca. Se puso muy serio al decir que ahora es el momento de superar esa sociedad tan gaseosa y hablar de los principios esenciales, y eso es el constitucionalismo, que sólo pretende establecer un marco de convivencia, como el que nos dimos en el 78. No debemos romperlo, porque hemos vivido los mejores 40 años de nuestra historia.

–El presidente Sánchez pretende impulsar una reforma del Código Penal que contempla una rebaja en la pena por sedición cuanto antes, y usted ha dicho que no hay que asustarse. En más de una ocasión le he oído decir que no conviene legislar en caliente. ¿Era tan urgente como para anunciarlo en el primer Consejo de Ministros?

–Bueno, no fue en el primer Consejo de Ministros. Hay matices. Hemos tenido una realidad que es todo lo que se engloba bajo el juicio del procés y el independentismo, y hemos visto la sentencia del Supremo, donde aprendemos una nueva realidad. Tenemos que ver si la transgresión de esa nueva realidad se ajusta a nuestro Código Penal. Delitos como el de rebelión y sedición se configuran, muy típicos, de la positivación de la norma penal, de los códigos penales, que establecen qué ocurre cuando los valores que nos damos en la Constitución son violentados. La respuesta es: tengo derecho a la vida y el que quite la vida, se sanciona. Ahora vemos que esos delitos de sedición y rebelión estaban pensados en lo que los historiadores denominan el siglo XIX, que acaba prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Es decir, la rebelión se asocia a esa imagen de los tanques en la calle, los golpes de Estado. Hoy, los ataques a la soberanía son mucho más sutiles. Hoy no es el tanque o las pistolas lo que determinan el ataque a la soberanía. Hoy se ve vulnerada con muchos más matices. Y lo estamos viendo: desobedeciendo de una manera grave y reiterada las resoluciones del Tribunal Constitucional. Tienen que ser obedecidas, y si no lo son, generan la posibilidad de que el Ministerio Fiscal interponga querellas. Y esto es un poco lo que ha pasado. El Parlament y el Gobierno de Cataluña no obedecían estas resoluciones.

Yo ponía, recientemente, el ejemplo de las defraudaciones del tendido eléctrico. Cuando se electrifican las ciudades, los listillos aprovechan para engancharse, y eso no estaba tipificado. Hubo que tipificar un delito de defraudación del tendido eléctrico. ¿Alguien duda de que haya que revisar artículos contra la libertad sexual después de la sentencia de ‘La Manada’ y las demás que la han seguido? Claro que sí. Una sociedad se crece y se hace fuerte debatiendo. ¿Y dónde? En el Parlamento. Aquío estamos en una cuestión por debajo de la mesa. Estamos en un momento muy prematuro y estudiamos todas las posibilidades, pero en principio no tiene por qué haber una rebaja en la pena de sedición, no tiene por qué haberla.

–¿No la habrá?

–No tiene por qué haberla, lo que tiene que haber son distintos tipos penales que permitan decirnos lo que ha ocurrido. Es como el tema de los delitos medioambientales. Solo se habla de eso, pero este Gobierno ha aprobado en semana y media la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones y la emergencia climática. Claro que tenemos que estudiar los delitos medioambientales. Estamos revisando toda la tipología penal.

–¿Le parece justo y ético que dicha reforma beneficie a los líderes de cuyos partidos necesitan sus votos para sacarla adelante? Muchos dirigentes de la oposición dicen que estamos ante un indulto por la puerta de atrás que atenta contra los principios fundamentales del derecho.

–No, no, no... Se ha dicho por activa y por pasiva que eso no se ha negociado y, de hecho, no está en el pacto con Unidas Podemos.

–Pero desde ERC afirman que sí fue una de sus exigencias...

- Pero, como comprenderá, yo tengo que defender la postura de lo que dice mi Gobierno, y no me consta en absoluto.

–¿Y le parece bien que beneficie a los socios a los que han de pedir apoyo parlamentario?

- No es un problema de Justicia, es un problema de ajustar. El problema es que puede volver a ocurrir y lo bueno es que la respuesta sea proporcional a la transgresión. Tenemos que proteger al Constitucional y el ordenamiento jurídico. Y tenemos que proteger que por vías unilaterales no se subvierta el orden constitucional, y por tanto tenemos que ajustar. Nadie puede decir que estamos beneficiando cuando hay sentencia firme de 13 años, ¿eh?, al responsable y al vicepresidente del Gobierno catalán.

–¿Perciben en el Gobierno una demanda social para solucionar el problema cuanto antes?

–Solo hay que pasearse por muchos sitios para ver que se está pidiendo una revisión. En algunos sitios se pide un mayor endurecimiento y en otros lo contrario. Creo que hay que debatirlo donde procede, en el Congreso y en el Senado, y después, cuidado: hablamos de una Ley con rango orgánico que requiere mayorías cualificadas. Hay que conseguirlas. El debate se puede abrir y no necesariamente alcanzarla. Ojalá que sí.

–¿Y no sería más fácil explicar al a sociedad que lo que se persigue con esta reforma es un acuerdo a cambio de que se ponga fin a la vía unilateral?

–Bueno, es que ése no es el parámetro de actuación. Un Gobierno ha de intentar que su respuesta jurídico penal sea adecuada a la transgresión realizada. No estamos hablando de una solución ad hoc, intentamos resolver un problema político de la única manera posible, con la política, el diálogo, sentándose, y poniéndose en el lugar del otro, y diciéndole que esto es una línea roja. Y esa línea es muy simple, es la Constitución y el ordenamiento jurídico legal. A partir de ahí hay que construir en positivo. Y no es un problema de ‘yo te doy, tú me das’. Nadie lo debería entender así. Y ya veremos además si el Supremo entiende, que si esa reforma llega a efectuarse, que si es homologable y por tanto es objeto de revisión. Por eso le decía que no se está hablando de una rebaja del delito de sedición, sino de completar respuestas penales a conductas diferentes.

–¿Y usted comparte las penas impuestas por el Supremo?

–Como juez y como ministro de Justicia no tengo más que acatar todas las resoluciones judiciales, sean del Supremo o del juez de paz de cualquier pueblo. Ahora, hay también libertad de crítica, es bueno. Pero creo que es una sentencia modélica. El procedimiento ha sido espectacular, con unas observancias de las garantías que fortalecen nuestro sistema judicial.

–Pedro Sánchez apostaba por el delito de rebelión y por extraditar a los líderes independentistas. Hoy, insiste en desjudicializar la política y sus gestos los consideran desde la oposición como concesiones para acceder al poder. ¿Está de acuerdo?

–Se criticó amargamente a la Abogacía del Estado cuando pidió permitir a algunos de los políticos presos acudir a recoger su acta, y el Tribunal de Justicia (europeo) ha dicho que era posible y deseable. Se le criticó cuando calificó de sedición y el Supremo lo ha calificado de sedición. Las cosas tienen que reposarse, los debates son necesarios, pero hay que distinguir.

–¿Comparte lo que ha dicho Pablo Iglesias, que la Justicia europea humilló a nuestros jueces?

– Tal y como dice el CGPJ en el comunicado sobre las palabras del vicepresidente, todos tenemos derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Soy juez, así que no creo que haga falta que reitere la magnífica opinión que tengo de la Justicia española.Pero es momento de dejarse de polémicas vacías y de comenzar a dialogar y aportar acuerdos para reforzar nuestros órganos constitucionales.

–¿Y qué le parece que Sánchez se reúna con Torra, toda vez que el Supremo avala su inhabilitación?

–La situación jurídico política del señor Torra no ha variado. Tiene una sentencia no firme por la que se le condena, que dice que puede perder su condición. El Supremo se ha limitado a inadmitir la cautelar que pretendía que se dejara en suspenso la inhabilitación de su diputado. Pero la propia Junta Electoral dice ‘oiga, yo no me meto en si tiene que dejar de ser presidente’... El Parlamento tampoco se ha pronunciado, luego sigue siendo el presidente. Ni siquiera la JEC lo cuestiona. A lo mejor deja de serlo en dos meses, no lo sé y no sé qué hará el presidente (Sánchez), pero tengo claro que no se puede decir ‘¡oh, con quién se está reuniendo!’.

–En Europa no acaban de entendernos, sobre todo los jueces, a tenor de que se pacta con los mismos partidos cuyos líderes han sido encerrado por sedición.

–No puedo hablar de la opinión de los colegas extranjeros, aunque muchos entienden perfectamente la situación. Ven que el juego de la articulación, y estoy pensando en la euroorden y demás, es muy compleja. El derecho europeo aún se está construyendo y son muchos los matices. Y el propio Supremo, cuando se le planteó la duda, planteó la cuestión. Porque es que no se había pronunciado nunca. Y entonces el TJUE (Tribunal Europeo de Justicia Europea) establece una pauta que hasta ahora no había hecho. El derecho se va construyendo, es algo dinámico, algo vivo, y por tanto hay dudas y hay que aclararlas.