La Junta asegura que los vecinos del Cerro del Moro saben el procedimiento de la séptima fase "desde hace tiempo"

La Junta de Andalucía asegura que los vecinos afectados por la construcción de la séptima fase del Cerro de Moro saben "desde hace tiempo" que el proceso de este proyecto obliga a que las viviendas se entreguen en régimen de alquiler a los inquilinos y que el plazo de amortización, establecido así por la Unión Europea, es de 50 años. Así lo ha confirmado esta mañana Mercedes Colombo, delegada de Gobierno andaluz en Cádiz, quien ha defendido la actuación de la Consejería de Fomento en este barrio después de años sin una solución.

"Se están manteniendo y se han mantenido muchas reuniones con los vecinos del Cerro del Moro ante una situación que tenían de infravivienda importante y ante la cual la Junta de Andalucía, este gobierno de la Junta de Andalucía, porque llevaban mucho tiempo esperando sus casas, se ha puesto a trabajar en construir unas viviendas dignas para esos vecinos del cerro del Moro", ha explicado Colombo.

La delegada gaditana ha señalado que tanto el procedimiento como el plazo de alquiler viene dado por el acogimiento de este proyecto a los fondos europeos, y que los vecinos conocen los condicionantes: "La inversión que se va a hacer por parte de la Junta de Andalucía para esas viviendas están dentro de una línea de alquiler de la Unión Europea, y por tanto no podemos salirnos de esa línea para la construcción de ese edificio. Los vecinos lo saben, lo saben desde hace tiempo, no es una fórmula nueva, sino que es la fórmula que se ha seguido durante todos los años de la construcción de las nuevas viviendas para los vecinos del Cerro del Moro, con la única diferencia que es el periodo de alquiler para la amortización y para la propiedad de esas viviendas, que en el plan anterior era de 10 a 25 años y ahora la Unión Europea nos obliga que sea a 50 años. Esa es la única diferencia".

¿Pasan entonces los vecinos de propietarios a inquilinos? A esta pregunta de un medio de comunicación, Mercedes Colombo ha contestado: "Vamos a ver, porque ese es el error de base. Esos vecinos, cuando acabaron su amortización, se les puso las viviendas a su nombre, y esos vecinos, para poder actuar una administración pública en unas viviendas... Yo no puedo actuar con un dinero público en una vivienda de un particular, porque otros particulares pueden decir que actúe la Junta de Andalucía en cada vivienda particular. Por tanto, la Junta de Andalucía tiene que rescatar esas viviendas, para poder actuar, a un precio tasado que el inquilino va a recibir, que el propietario va a recibir, y que además ese propietario lo puede usar para un tema personal, para comprarse un coche si quiere, o puede invertirlo en el alquiler futuro de esas viviendas".

"Es una condición sin la cual no se puede actuar con la línea seis de la Unión Europea. Eso qué significa: pues que él va a ir amortizando su casa durante un tiempo, que los hijos e hijas, familiares que estén viviendo con ellos y estén empadronados con ellos pueden acceder a esa vivienda, sin ningún tipo de problemas, y quien no puede acceder, que no se olvide que son viviendas en alquiler social para personas con una situación de recursos económicos bajos, son un hijo o una hija que tenga otra propiedad porque no reúne los requisitos, que es el objetivo de las viviendas sociales", ha concluido Colombo.

Y es que la financiación de este proyecto consta de tres patas, según han precisado posteriormente fuentes de la Junta: "Erradicación del chabolismo, la línea seis de fondos europeos y otro tercio que asume la Junta con financiación. La financiación obtenida para ejecutar la actuación proviene del Programa 6 'Eco-Vivienda', con fondos europeos Next Generation, cuya normativa es la que establece que las viviendas deberán destinarse a régimen de alquiler, con posibilidad de compra al final del período de arrendamiento".

Fuentes de la Consejería de Fomento, por otra parte, han explicado a este periódico que transcurridos los 50 años establecidos por la normativa europea, "las familias podrán optar a adquirir sus viviendas en propiedad. La opción de compra se ofrecerá en el año 46 del plazo de amortización, y se podrá ejercitar a partir del año 50".