Amianto: El asesino silencioso

Entre 1965 y 1988 un total de 269.380 toneladas de amianto entraron por el puerto de Cádiz. Hubo años que llegó más amianto que trigo. Así viene recogido en sus memorias que se conservan en la biblioteca de la Diputación Provincial. Esto quiere decir que cantidades ingentes de este componente muy peligroso fueron manejadas por los estibadores portuarios en el desarrollo de sus tareas. “No hay duda de que esa carga letal se distribuía por la provincia para uso generalizado en la construcción y, sobre todo, en la industria naval”, comentaba esta semana a este diario el abogado Ramón Dávila, quien, junto a su hermano Jesús, médico de profesión, estudió a conciencia las citadas memorias para iniciar una dura batalla contra las grandes compañías que permitieron que sus trabajadores manejaran un mineral altamente tóxico sin la debida protección.

En el año 1980, una sentencia de Magistratura de Trabajo número 2 de Cádiz, confirmada por una sentencia de 1982 por el Tribunal Central de Trabajo, fue de las primeras en reconocer al amianto como culpable del mesotelioma de pulmón –el cáncer más agresivo que puede afectar a este órgano– que sufría un trabajador. Ramón Dávila era su abogado y, desde entonces, no ha dejado de luchar en los tribunales por los derechos de estos obreros y de sus familias.

Según Dávila, “centenares de personas han perdido la vida en la Bahía de Cádiz por culpa del amianto, pero todo estaba poco controlado en aquella época y es difícil de tener un cálculo exacto. Hasta que la Junta de Andalucía no decidió crear un servicio de post expuestos al amianto no hay una estadística y no se puede cuantificar. Se montó este servicio hace una década”.

Insiste en que en la Bahía son “cientos o hasta miles los trabajadores que han muerto desde los años 50 hasta ahora, porque realmente, aunque en el 82 ya se establecieron normas que permiten un control riguroso de las partículas de amianto en el aire, con medidas de seguridad más modernas y eficiente, aún hoy día estamos sufriendo las consecuencias de lo que se hizo con anterioridad”.

Porque una cuestión importante es que tanto el mesotelioma como el cáncer común de pulmón derivado del amianto aparecen entre 15 y 25 años después de haber estado en contacto con este material. “Podríamos decir que aún estamos sufriendo la última etapa”.

En 1953 España compró a EEUU varios buques militares, el ‘Castilla’, ‘Aragón’ o ‘Galicia’, todos usados por los estadounidenses en la II Guerra Mundial. “Ahí lo que primaba era la velocidad de construcción para poder disponer de armamento, no se miraba cómo se hacían. Se utilizó amianto para todos los compartimentos y todos los elementos prácticamente que formaban las divisiones de los barcos”, comenta el letrado gaditano.

Algunos de estos navíos siguen en activo, aunque se ha ido eliminando ese amianto. “Hoy día cuando se sabe que hay amianto los mecanismos de protección son muy sofisticados. Antes no, había bastante ignorancia. La gente de arriba lo sabía pero los trabajadores no eran conscientes del peligro de entrar en contacto con el amianto”.

El mesotelioma es un cáncer que se localiza en la pleura del pulmón, en la parte exterior de la pleura, y son tremendamente agresivos. El mesotelioma tiene un 98% de letalidad y la muerte se produce entre seis y nueve meses después del diagnóstico. Ramón Dávila comenta que “se ha demostrado que en el 95% de los casos es derivado del amianto. También ha quedado claro que es independiente de que se haya fumado o no. En el mesotelioma no es un factor influyente el tabaquismo. Cuando hay un diagnóstico de mesotelioma es puro y duro por el amianto”.

Tal y como se ha comentado al inicio de la información, la primera sentencia favorable a las reclamaciones de un trabajador que desarrolló un cáncer por la inhalación del amianto se dictó en 1980 por el magistrado José Luis Marquina Díez, que posteriormente fue magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Intervino como perito por nuestra parte el doctor Antonio Vergara, que hizo un magnífico informe poniendo de manifiesto la constancia médica de esa relación. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Central de Trabajo y condenó a la empresa Montero Kaeffer SA y Astilleros Españoles SA Factoría de Cádiz a abonar una indemnización importante en concepto de daños y perjuicios por la enfermedad producida por el trabajo con amianto. Montero Kaeffer era una de las contratas de Astilleros que más usó el amianto en sus trabajos de revestimiento”, recuerda Dávila.

Las indemnizaciones por los daños producidos por el amianto dependen de cada caso, pero oscilan entre los 60.000 y los 200.000 euros normalmente. “Para muchas familias supone un salvavidas, depende del número de hijos también. Nosotros en un caso de estos reclamamos tres cuestiones: por un lado la indemnización; después si tiene una pensión que no sea de invalidez derivada de enfermedad profesional conseguimos que se le revise la pensión y se le reconozca como enfermedad profesional, lo que conlleva que se utilice como base reguladora el salario base de su categoría, con lo cual conseguimos una revisión importante de la pensión. Esto cuando da tiempo porque el hombre vive, porque si fallece a los pocos meses es complicado. Por último, en algunos casos, es más complicado esto porque es más difícil demostrar la infracción concreta en medidas de seguridad, pero a veces hasta conseguimos un recargo en las prestaciones de invalidez”, comenta Dávila.

Al preguntarle si en su carrera se ha encontrado con muchos jueces reticentes a reconocer las consecuencias del amianto entre los trabajadores de la industria naval de la Bahía de Cádiz durante los últimos 50 años, Ramón Dávila asegura que no. “No encuentro rechazo. Lo entienden. El juez que viene de fuera y no conoce los astilleros al principio tiene que ir enterándose y en los primeros juicios anda un poco despistado, pero afortunadamente en la sede de lo social de Sevilla hay magistrados con mucha experiencia que han conocido y conocen bien estos temas”.

Además, cuenta que el Tribunal Supremo “ha dictado sentencias muy buenas en materia de amianto. Hay una doctrina muy consolidada. Pero lo que pasa ahora es que en cada procedimiento hay que probarlo todo. El derecho está establecido, pero los hechos de cada caso son diferentes. Hay que probar que dicho trabajador estuvo en contacto con el amianto en esa época, si es mesotelioma no tiene relación con el tabaco, pero si hay mucho tabaquismo puede haber una concasualidad, que puede ser derivado de ambos. Cada caso es un mundo y para nosotros requiere estudiar su puesto y las condiciones de trabajo, la época también. No son lo mismo los años 60 que finales de los 70. Ni un ingeniero que un oficial, aunque hay contactos directos e indirectos, y también los ingenieros han estado en el barco, han podido tener una inhalación corta en el tiempo pero intensa en el número de partículas que respiraron”.

Durante su trayectoria con trabajadores afectados por el amianto (también llamado asbesto) Dávila ha logrado unas 50 sentencias favorables. “Esto tiene unos plazos muy cortos para poder reclamar. Prácticamente un año después de la muerte ya no se puede. A mucha gente no le da tiempo. Hay que tener en cuenta que hablamos de personas muy mayores, y es muy raro que podamos llevar testigos”. En cuanto a los tres astilleros de la bahía, reconoce que “Bazán es el más afectado junto con Cádiz, por el tema de las reparaciones. Puerto Real menos porque el astillero es más nuevo y porque se ocupa sobre todo de nuevas construcciones donde se ha empleado bastante menos el amianto”.

La cuestión es que el veneno que se adhirió a las paredes pulmonares de centenares de obreros gaditanos sigue hoy día matando, muchos años después de haberse visto expuestos a sus micropartículas. Es un asesino invisible, letal y que nunca suelta una presa una vez la ha colonizado.