Tiroteo en el Guadalquivir: Europol ya advirtió de la llegada de armas de la guerra de Ucrania al mercado negro

Los guardias civiles que acudieron a tratar de impedir un alijo en la desembocadura del Guadalquivir el pasado 22 de mayo fueron recibidos con balas del calibre 5,56 x 45 mm, la munición estándar de las fuerzas armadas de la OTAN. En esta ocasión los agentes no pudieron incautar los fusiles, pero en otras sí que lo han hecho, por lo que diferentes versiones confirman el cambio de tendencia en el armamento de los clanes del narcotráfico que operan en la provincia de Cádiz. Una variación que coincide en el tiempo con el estallido de la guerra en Ucrania y el apoyo militar hacia el país que preside Volodímir Zelenski.

Esto es lo que en la edición de ayer de este periódico quisieron advertir varios agentes que han estado durante todo este tiempo en la primera línea de la lucha antidroga y que, por razones obvias, prefieren mantenerse en el anonimato. Su sensación es que muchas de las armas que ahora se encuentran en manos de los narcos han hecho un viaje de ida y vuelta a Ucrania. Ayer volvimos a hablar con uno de los agentes más veteranos en esta batalla que se libra en el Sur de Europa y se reafirmaba en sus declaraciones. “En 2021 en Sanlúcar se incautaron fusiles de la OTAN de fabricación italiana y desde entonces hemos seguido viéndolos. Esta vez sólo se ha podido coger munición, pero en otras operaciones sí que se han podido decomisar armas de fabricación estadounidense y europea que muy probablemente haya entrado en el mercado negro gracias a la guerra de Ucrania”.

El periódico El Español publicaba que el último Informe Anual de Seguridad Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtieron que “los conflictos armados constituyen un riesgo importante a medio y largo plazo, especialmente en lo que se refiere a la mayor disponibilidad de armas de fuego y su posible desvío hacia el comercio ilegal de armas de fuego”.

Este mismo medio cita fuentes de Europol y la Policía Nacional, quienes también han alertado de esta tendencia en sus informes y planes recientes. En su Plan Estratégico 2022-2025, la Policía Nacional advertía del “riesgo del incremento a corto y medio plazo del tráfico de armas empleadas tanto por Rusia como por Ucrania”. Ese peligro temido por todos se está haciendo realidad por más que se quiera negar la evidencia.

Y eso que lo que ahora se está denunciando en España no es nuevo y ya se vive con dureza en otros países más cercanos al conflicto. De hecho, un estudio de la Policía finlandesa que data del otoño de 2022 –ocho meses después del inicio oficial de un conflicto que, oficiosamente, arrancó en 2014 con esa llamada invasión suave de la península de Crimea, el derrocamiento de Yanukóvich y el nombramiento por parte del Parlamento de un primer ministro prorruso– ya advertía de que miles de las armas enviadas por Occidente a Ucrania para combatir a Rusia están acabando en el mercado negro.

El periódico Público informó en noviembre de 2022 de los múltiples robos de armas, sobre todo rifles de asalto, que los países de la OTAN están enviando a las tropas ucranianas. Christer Ahlgren, encargado de la lucha contra el crimen organizado de la Policía finlandesa, aseguró que la Policía de otros países europeos –en concreto Suecia, Dinamarca y Holanda– ha incautado también rifles de asalto, pistolas, granadas e incluso drones de combate procedentes de la ayuda militar europea. Según el comisario finés, existen rutas de tráfico ilegal de armas, que son transportadas incluso por bandas de moteros que operan en las grandes ciudades ucranianas.

Antes del estallido de la guerra, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa (sólo superado por Rusia), según queda reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional. En la crisis del Donbás de 2014, por el intento de secesión de parte de esta región ucraniana apoyado por Rusia, centenares de miles de armas ligeras desaparecieron sin dejar rastro en ambos frentes, el ucraniano y el prorruso, y todo hace indicar que acabaron en manos de mafias europeas.

Afirmaba Público que un informe de 2021 del Índice Global sobre Crimen Organizado decía que Ucrania tenía uno de los mercados ilegales de armas más lucrativos de Europa, y que unas 300.000 armas pequeñas y ligeras desaparecieron o fueron robadas entre 2013 y 2015, de las que sólo un 13% fueron recuperadas.

En ese primer año del conflicto bélico Europol advirtió de que “la proliferación de armas de fuego y explosivos en Ucrania podría llevar a un incremento del tráfico de esas armas de fuego y municiones en la Unión Europea a través de rutas de contrabando ya existentes y plataformas online”, y que esta amenaza “será mucho mayor cuando la guerra haya terminado”.

Estos indicios han provocado que Estados Unidos haya enviado a Ucrania equipos de inspectores militares para comprobar el destino de sus envíos de armas. La operación, dirigida por el general Garrick Harmon, agregado de Defensa en Kiev, incluye el rastreo de armas ligeras y de alta tecnología, incluso misiles.

Todo esto viene a reforzar la teoría de muchos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son quienes están en primera línea de la batalla contra el narco, y que a menudo son recibidos a tiros. Sus años de experiencia les permiten saber distinguir, sólo por el sonido, si se trata de un viejo Kalashnikov o un moderno fusil occidental.

Jucil, muy preocupado

Tras las últimas informaciones aparecidas, y el nuevo tiroteo a agentes de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir, la Asociación Jucil mostró ayer su preocupación. Jucil entiende “que el Estado ha perdido la primera batalla contra las mafias del narcotráfico, la del control de armas”. Esta asociación observa, “con mucha preocupación”, cómo los guardias civiles “nos enfrentamos, cada vez de forma más habitual, a una respuesta de gran violencia que pone en peligro nuestras vidas por el uso de armas de guerra por parte de los grupos criminales que controlan el tráfico de estupefacientes y de migrantes”. “Como guardias civiles pedimos mejores medios para enfrentarnos a esta amenaza contra todo el Estado de Derecho, mejores medios materiales y más personal. Pero pedimos también el apoyo de otros organismos del Estado, como es la Armada, que cuenta con la preparación y la infraestructura para hacer frente a esta grave amenaza que se cierne contra la seguridad de todos los españoles”, señaló Agustín Domínguez, secretario de Jucil en la provincia de Cádiz.

Según Domínguez “no es posible defender la seguridad y el Estado de Derecho desde pobres barquichuelas, con chalecos antibalas incapaces ante los proyectiles de fusiles y sin poder recurrir al uso de armas largas. La vida de muchos guardias civiles pende de un hilo y le corresponde a la Administración tomar decisiones que protejan, tanto la vida de los guardias civiles como los derechos de los ciudadanos, en la Zona del Estrecho convertida ya en ciudad sin ley”.