Mujeres en prisión: una doble condena

La vida es dura en prisión. Y si eres mujer, más todavía. En nuestro país, a punto de alcanzar el primer cuarto del siglo XXI, sigue existiendo una discriminación penitenciaria por género que se suma a la pesada carga que supone el castigo social y personal. Podría decirse que las mujeres sufren una doble condena: la primera, por el delito cometido; la segunda, por el simple hecho de no haber nacido hombre.

El sistema penitenciario español desprende un marcado tufo machista. Las cárceles están pensadas con un exceso de testosterona. Basta con apuntar un dato esclarecedor. De los 66 centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado sólo cuatro son exclusivamente de mujeres, los situados en Ávila, Madrid, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Palma de Mallorca.

En la provincia de Cádiz existen cuatro cárceles: Puerto 1 (prisión de máxima seguridad, donde cumplen condena hombres en régimen cerrado); Puerto 2 (con reclusos en prisión preventiva a la espera de sentencia junto a otros con condenas cortas, de seis meses a un año); Puerto 3 (una macrocárcel, un centro polivalente, que cuenta con 17 módulos, de los que sólo uno es de mujeres); y, por último, Botafuegos, en Algeciras, donde también existe un módulo para reclusas.

Hasta hace dos años Puerto 3 contaba con dos módulos para internas, el 13 y el 14, pero en 2021, por necesidades de espacio, se decidió dejar únicamente el primero de ellos para mujeres. Esto ha provocado desde entonces un severo aumento de la conflictividad que ha llevado a la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía (APDHA) a elevar una queja al Defensor del Pueblo para que inste a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a cumplir con los criterios de separación interna que marca la ley.

La realidad es que la situación de las mujeres en prisión, las condiciones de cumplimiento, en términos generales, son mucho más duras que la de los hombres. Y no sólo en Puerto 3.

Las mujeres representan una minoría en las cárceles españolas que se sitúa en torno al 8%. En Puerto 3 hay 114 reclusas, mientras que en Botafuego son 69. Eso conlleva que cumplan condena en un espacio diseñado para hombres. En la práctica tienen menos accesos a los recursos y a los espacios. Hay provincias que ni siquiera tienen plazas para ellas. Desde la APDHA critican con dureza esta circunstancia. “Cuando nos referimos a que tienen menos accesos a los recursos hablamos de que ni siquiera en su propio lugar de residencia tienen una plaza y deben cumplir condena fuera de su provincia, incluso de su comunidad autónoma. Eso trae aparejado el desarraigo familiar. Es una desigualdad evidente”, aseguran.

Puerto 3, el centro que más nos ocupa, es el segundo con mayor población reclusa de todo el país, con 1.240 internos actualmente. El primero es Picassent, en Valencia, aunque en este caso son dos prisiones unidas, por lo que, de facto, podría decirse que el macrocentro portuense lidera este ranking nacional. De sus 17 módulos, del 1 al 14 son convencionales, el 15 es de aislamiento, el 16 de enfermería y el 17 de nuevos ingresos. El problema viene porque al haber sólo un módulo femenino están todas las reclusas mezcladas, es decir, conviven las que tienen condenas cortas y delitos menores con otras de mecha corta y un carácter, digamos, explosivo. Las jóvenes (de 18 a 21 años), que en el caso de los hombres se concentran en el módulo 7, cumplen su pena con el resto de internas, las que tienen penas menores con otras de larga duración que tienen poco que perder y que extorsionan, agreden y hacen que la convivencia sea a veces infernal.

“Lo que venimos denunciando desde la APDHA es que no se cumple con la separación interna”, apostillan. “Los hombres pueden acceder a mayores recursos terapéuticos y tratamentales, porque tienen un módulo para personas con problemas de salud mental, los módulos de respeto, los de jóvenes, el de trabajo, que es mixto, otro para afrontar problemas de adicciones... Los presos conflictivos están separados de los que están en prisión preventiva, mientras que las mujeres están todas juntas en un mismo módulo que, casualmente, es al que menos recursos se destinan”, dicen desde la asociación.

Según han informado familiares de presas, prácticamente no hay talleres, ni formación, ni actividades de ningún tipo en ese módulo. También es fuente de conflicto tener diferentes perfiles mezclados.

“Por ejemplo, si hay una incompatibilidad entre dos hombres los separan de módulo, y así evitan futuros conflictos y expedientes sancionadores. Fin del problema. Las mujeres no. Las mujeres tienen que compartir espacio, comedor, patio y eso es una fuente de conflicto permanente. Si las quieres separar sólo te queda la opción de cambiar de prisión, lo cual no es nada fácil. Por eso desde la asociación siempre decimos que cumplen una doble condena, por estar privadas de libertad y por ser mujeres”, aseguran fuentes de la APDHA.

Por su parte, desde el sindicato CSIF informan a este medio que llevan tiempo solicitando que el 14 se recupere como módulo de respeto para mujeres. “Llevamos tiempo alertando que la conflictividad ha aumentado mucho desde que se agruparon a las reclusas en un solo módulo. Esto influye en la seguridad de las funcionarias”.

El problema añadido con el que se encuentran muchas reclusas por tener que convivir con otras más conflictivas es que esto afecta a sus beneficios penitenciarios. “Para conseguir un tercer grado se las ven y se las desean. Algunas no tienen nada que perder y las extorsionan, las chantajean, las agreden. El otro día, sin ir más lejos, hubo una típica pelea que no fue más allá de los empujones, los jalones de pelo y los escupitajos. Si eso pasa entre dos hombres se les cambia de módulo y en paz. Pero aquí no. Al día siguiente tienen que volver a verse las caras en las zonas comunes y esa tensión se mantiene vigente”, cuentan desde CSIF.

La cuestión de fondo es que cada incidente en prisión acarrea un parte disciplinario. Y si este acaba en falta ya perjudica una futura solicitud de beneficios penitenciarios.

Fuentes de la APDHA ponen especial énfasis en este problema. “Hay personas que tienen más dificultades para adaptarse a un regimen carcelario que es muy estricto. Muchas tienen problemas de salud mental, algunas muy graves. En torno al 50% de las personas privadas de libertad tiene algún trastorno psíquico. En el módulo 13 te puedes encontrar con una mujer que ha ingresado por cometer su primer delito, quizá con una condena corta por un robo, obligada a compartir módulo con otras que tienen una trayectoria delictiva muy extensa, que son reincidentes y que tienen una serie de problemas que hace que el acceso al tratamiento sea más difícil. Mientras que a los hombres se les separa en módulos de respeto y cuentas con más opciones para abordar problemas de drogodependencia, las mujeres tienen más dificultades para acceder a esos recursos tan necesarios”, dicen.

La única posibilidad que tiene una mujer en Puerto 3 de progresión penitenciaria es a través del trabajo, es decir, lograr acceder al módulo 9, que es el mixto. Hay hombres y mujeres que pueden conseguir un trabajo remunerado en prisión que existe pero es muy limitado. Las mujeres que pueden alcanzar ese módulo son una minoría. “La gente que trabaja en prisión es privilegiada. Mientras que los hombres pueden progresar en el tratamiento e ir mejorando su situación para alcanzar permisos de salida, lograr el tercer grado o la libertad condicional, las mujeres, salvo que logren ser destinadas a ese módulo de trabajo, cumplen toda la condena en un módulo conflictivo y al que no se dedican recursos para el tratamiento penitenciario. Por eso entendemos que es una desigualdad en el trato”, recalcan desde la APDHA.

Otro aspecto sobre el que CSIF pide prestar especial atención es la diferencia de ocupación de los diferentes módulos en la prisión portuense. Cada uno de ellos cuenta con 72 celdas, pensadas en principio para ser individuales pero que normalmente son compartidas por dos internos. En el módulo 2, por ejemplo, apenas si hay actualmente 60 reclusos; en el 3, que es donde está la Unidad Terapéutica Educativa, unos 50; en el módulo de jóvenes suele haber entre 20 y 30; en el de trabajo, que es mixto, alrededor de 80, mientras que en el resto la saturación es evidente, con una ocupación habitual en torno a los 115 internos en cada uno de ellos. En el módulo de trabajo existe una particularidad: al ser mixto no pueden acceder presos con condenas por violencia de género o cualquier tipo de agresión sexual.

Un problema añadido al módulo 13, el de mujeres, es que en el 14, que está justo a su lado, hay muchos enfermos mentales. “Esa unidad crea muchos problemas”, afirman desde CSIF.

El módulo 13 es atendido exclusivamente por funcionarias, si bien desde 2008 existe la escala unificada para todos los trabajadores penitenciarios.

Desde el Área de Cárceles de la APDHA se hace un trabajo de sensibilización a la sociedad, “hablamos de cuál es la realidad de las prisiones, desmontamos mitos en torno a la prisión, para concienciar a la gente de qué es lo que está pasando. Hacemos denuncias públicas cuando consideramos que se están vulnerando los derechos de las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres”. “En este caso –prosiguen– hemos acudido al Defensor del Pueblo, presentando una queja en la que solicitamos que inste a Instituciones Penitenciarias a que adopte medidas para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, y que se garantice que tienen las mismas oportunidades para optar a ofertas formativas, terapéuticas y asistenciales en Puerto 3. En concreto, lo que le pedimos es que nos informe de cuántas internas de las que actualmente están en el módulo 13 están realizando talleres, actividades o cursos formativos o tienen acceso a recursos terapéuticos, cuántas tienen acceso a programas de problemas de adicciones y cuántos programas específicos para abordar la violencia de género se han implantado en Puerto 3. Porque hay muchas mujeres que entran en prisión después de haber sufrido violencia de género”, explican desde la asociación.

De hecho, según datos estadísticos, el 88% de las mujeres encarceladas ha sufrido previamente algún tipo de violencia y un porcentaje muy elevado tiene problemas relacionados con la salud mental, “problemas que no son abordados de una manera integral por la administración penitenciaria, si no que se recurre a psicofármacos como única solución”, comentan desde la asociación, que considera que vivir entre rejas ya debe ser bastante duro como para que se le añada más sufrimiento.