Cadena de favores en Puerto III

José Luis Rodríguez Partida, alias El Tapaera, no es un narcotraficante cualquiera de Lebrija. Es un emprendedor. Hace casi quince años, en compañía de su colega José María Puerto, El Cabrero, de Sanlúcar, innovó el tradicional modo de introducir hachís por las costas de Cádiz. Qué necesidad había de realizar desembarcos en la playa en las gomas de entonces cuando se podía hacer de manera mucho más cómoda en puertos deportivos y realizando los portes en cómodos yates. En 2011 fueron detectados e interceptados en uno de sus viajes de placer a Marruecos y, en la investigación posterior, el equipo de blanqueo de la Comandancia rastreó dónde había ido el dinero de la droga. Principalmente a inmuebles, pero también a la compra de 23 caballos de pura raza española. El Tapaera fue condenado en 2014 a 11 años.

El Tapaera fue destinado a Puerto III y allí conoció a Miguel Ángel Rodríguez, el entonces director de la prisión, al que todos llamaban Micky, un veterano de las Instituciones Penitenciarias con varias distinciones policiales. Sin embargo, su expediente no estaba del todo limpio. En 1992, cuando se encontraba destinado en Puerto II, el sindicato UGT denunció la concesión de un permiso irregular a uno de los grandes traficantes de la época, José García Arana, alias el Gordo Micaela, el rey de la cocaína en la provincia en aquella década. Tras aquella denuncia, que no fue probada pero que llegó incluso al Congreso de los Diputados, Instituciones Penitenciarias decidió proteger a su funcionario y lo hizo rotar por varias cárceles del país hasta que regresó con mando en plaza a Puerto III en 2012. Este presidio era la joya del sistema penitenciario español. Se había puesto en funcionamiento en 2007 con 1.214 celdas y 14 módulos. En su inauguración, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que estábamos ante “un símbolo de una política de seguridad basada en la reeducación y la reinserción”.

Posteriormente Pedro Pacheco tuvo que cumplir condena bajo el mandato de Rodríguez en Puerto III. Pasó tres años allí. Para el ex alcalde de Jerez aquello no tuvo nada que ver ni con la reeducación ni con la reinserción. A su salida, denunció las condiciones en el interior de la prisión. “Tratan a los reclusos como números, unos más números que otros”. Sus dardos se centraron en el director del centro, “un facha que me hizo la vida imposible”. De él dijo que llamaba la atención la familiaridad que mostraba, sobre todo, con traficantes de Sanlúcar y, especialmente, con Juan Manuel Vargas, alias El Cagalera, un histórico del narcotráfico y muy conocido tras caer en la macrooperación que el juez Baltasar Garzón montó en el Guadalquivir en 1991 y a la que se llamó Operación Pitón, en la que también se detuvo a varios policías y guardias civiles.

El sindicato de prisiones Acaip había denunciado, por las mismas fechas en las que Pacheco se encontraba en prisión –entre 2014 y 2017– que Rodríguez mantenía en prisión varios grados de trato. “En Puerto III hay presos de guante blanco”, afirmaron. En el año 2014 miembros del equipo técnico de la prisión elevaron un escrito a Madrid quejándose de la situación que se estaba dando en la prisión y el desarrollo anómalo de las juntas de tratamiento en la que se decidían los permisos y beneficios penitenciarios. Instituciones Penitenciarias no hizo nada, ni siquiera contestó al escrito. Todo esto podían ser impresiones sobre el ya ex director de Puerto III, pero la Guardia Civil ha descubierto hechos que han acabado con su detención junto a otras cuatro personas, hechos que desvelan la corrupción existente dentro de la prisión.

En abril de 2023 Rodríguez, jubilado desde 2021, pidió a la actual directora de la prisión y su anterior subordinada, Esther Serrano, que ampliara el permiso a un interno sanluqueño que cumplía condena por narcotráfico. Era El Tapaera el que le había pedido el favor. Rodríguez le explica a Serrano que el chaval tenía al abuelo muy enfermo en el hospital y necesitaba esos días para estar con él. La dirección del centro accedió a la ampliación de ese permiso por razones humanitarias, pero al abuelo del recluso no le pasaba nada. Aquel interno empleó aquella ampliación de permiso para mover una de las embarcaciones que El Tapaera tenía en Puerto Sherry.

Hay un seguimiento de las llamadas telefónicas de Rodríguez en la jornada en la que se le amplía el permiso. Rodríguez habla primero con dos vecinos de La Algaida, posteriormente se pone en contacto con la prisión, luego habla con la mujer del Tapaera, posteriormente intenta contactar con la prisión sin éxito y, al rato, recibe la llamada de la directora que le confirma la ampliación del permiso al protegido del Tapaera. A continuación, Rodríguez se pone en contacto directamente con el narco para darle la noticia.

El 26 de mayo de 2023, sólo un mes después, Rodríguez tiene una cita en el bar El Paraíso, de Sanlúcar, con El Tapaera y dos de sus habituales socios y un abogado experto en derecho penitenciario. La reunión dura dos horas. Al abogado le llaman Antonio de Madrid y Rodríguez se va a comunicar varias veces con él no sólo por este caso, sino por unos cuantos más, todos relacionados con patrocinados por el abogado, que le pide que pregunte por ellos “a tus antiguos compañeros”.

La estrecha relación de Rodríguez con la nueva directora, anterior subdirectora desde el año 2013, se comprueba varios meses después, en diciembre de 2023, cuando trata de convencerla de que influya para que se le otorgue un permiso a otro interno condenado por narcotráfico. Le dice: “No sé qué más puede hacer el interno para tener mérito para salir de permiso. Trátalo con cariño que es Navidad, chiquilla”.

Por entonces ya a la directora Serrano se le nota molesta con las continuas injerencias de su ex jefe cada vez que se tiene que reunir la junta de tratamiento. Parece que siempre tiene que haber un recomendado. De esta situación irregular ya era consciente la directora porque meses antes había recibido un whatsapp en su móvil corporativo, que tenía el mismo número de cuando Rodríguez era director. En él puede leer: “Aprovechando el ofrecimiento que me hiciste de ayudarme en cuestiones de reclusos te comento estas dos incidencias por si me la puedes confirmar”. El abogado creía que se estaba comunicando con quien no era.

El Patrón

Francisco Javier Ramos, alias El Patrón, es el rey de la marihuana de la Sierra de Cádiz. En la calle Guadalete de Puerto Serrano tenía su reino y sus plantaciones, aunque no sólo allí, porque tenía sembrado medio pueblo, en casas de apariencia humilde, con su mercancía. El Patrón exhibe en su espalda un gran tatuaje de Pablo Escobar, el célebre narco colombiano, su héroe. También le gusta el rap y financia videoclips para su chica. En ellos suelen salir quads y coches de alta gama. En uno de ellos, incluso, él se marca un cameo. Es un videoclip homenaje porque acaba de salir de Puerto III: “El Patrón salió, todos atentos, ya se coronó, la vuelta firmó, el boss ya llegó”, dice la letra.

Pero el 27 de septiembre de 2023 El Patrón vuelve a estar en el trullo. Es cuando Miguel Ángel Rodríguez llama al administrador de la prisión, Trifón Martín, también encausado en la investigación de la Guardia Civil. En esta conversación Rodríguez quiere conocer de Trifón el resultado de la última junta de tratamiento, a la que se ha llevado el caso del Patrón. Malas noticias, le dice Trifón a Rodríguez: denegada.

Ese mismo día Rodríguez llama a un tercero para informar. Se trata de un socio de una empresa de control de plagas, con sede en Puerto Serrano, que tiene concesión de servicio en la cárcel. Rodríguez le informa de la deliberación secreta de la junta, de la que le ha informado Trifón, y se justifica. La denegación no es achacable a ellos. Pensaban que todo estaba controlado, pero resulta que la jurista de la junta de tratamiento ha levantado la mano para esgrimir otra causa pendiente que tenía El Patrón. Mientras tenga juicios pendientes, es imposible. El interlocutor se muestra contrariado. Parece ser que es el encargado de informar a la familia de que la gestión ha sido fallida.

Días después El Patrón aborda a Trifón en la puerta de las cocinas de la cárcel. Le dice que quiere entrevistarse con él “para arreglar las cosas”. Trifón le dice que pueden entrevistarse, pero fuera del módulo. De esa conversación son testigos varios internos. Este encuentro se producirá días después en la lavandería, donde no hay cámaras. El jefe de mantenimiento de la prisión acompañará al Patrón hasta allí, donde le esperan Trifón y otras dos personas externas que han accedido al interior.

En el libro de visitas aparecen sus nombres y el motivo de su entrada: reunión con el administrador. Pero con quien se van a reunir es con El Patrón. Uno de ellos es el mismo al que Rodríguez había comunicado la decisión desfavorable, el del control de plagas; el otro también es empresario, un constructor. No se sabe de lo que hablan.

El caso de El Patrón volverá a la junta menos de dos meses después, tras haber recurrido éste la última denegación. En esta ocasión su solicitud lleva adjunta una propuesta de contrato indefinido de trabajo en la empresa de este mismo constructor, un punto que siempre suma a favor. A día de hoy el Patrón sigue en prisión pero con permisos regulares.

Por entonces el rumor dentro de la cárcel de lo que está sucediendo es un clamor. En el patio no se habla de otra cosa.

No será el único fracaso en las gestiones de Micky y Trifón. Un año antes, el 22 de octubre de 2022, Miguel Ángel Rodríguez llama a Trifón para que se interese por cómo le ha ido la junta a Isidoro Marín, alias El Doro, un traficante de Sanlúcar que adquirió cierta notoriedad por haber llevado a Sanlúcar a Nicky Jam, un conocido rapero norteamericano. Le costó un millón de euros. También compró el equipo de su barrio, la Unión Deportiva Algaida. Puso su nombre al estadio y fichó al ex campeón de Europa, el jerezano Dani Güiza. El Doro fue detenido en una operación en noviembre de 2021. No había pasado ni un año cuando Rodríguez se interesa por su permiso. En esa ocasión Trifón le informa que han perdido por poco. Meses después El Doro obtendrá un dictamen favorable. El motivo era su fobia a los espacios cerrados.

El concejal

Entre los investigados por estos hechos también se encuentra el concejal de El Puerto Jesús Garay, un cargo de Nuevas Generaciones del PP que pasó de ser el jefe de Alcaldía de Germán Beardo -haciendo las veces incluso de conductor del vehículo oficial- a convertirse en esta legislatura en teniente de alcalde. En julio de 2023, no mucho después de asumir su cargo como concejal de seguridad ciudadana, Garay se pone en contacto con Trifón para interesarse por un interno. Según Garay, se lo había pedido un empresario portuense que era el tío del recluso y que se quejaba de que mientras otros obtenían permisos su sobrino siempre se quedaba dentro, aunque su pena era menor que la de otros beneficiados. “Han salido todos menos él y no saben por qué”.

Trifón hace saber a la directora que el concejal está interesado en este caso. La decisión de la junta es denegatoria. Ese mismo día el concejal se comunica con Trifón para conocer lo que había sucedido y transmitírselo al empresario. Garay asegura que simplemente pidió información pero que en ningún momento pretendió mediar para que hubiera un trato favorable.

Un caso más explícito es el relacionado con un preso portugués. En esta ocasión se lo reveló directamente Rodríguez a la directora después de tener un encuentro con el abogado del interno. “Me ha dicho que había que sacar al portugués como fuera y que estaba dispuesto a pagar lo que se le pidiera. Le he mandado al carajo y le he dicho que así no funcionan las cosas. No pienso mover a mi gente para eso”. Pero no es la primera vez que Rodríguez ha hablado con este letrado. Lo ha hecho durante su periodo como director cuando éste se ha interesado por algunos otros de sus clientes, por lo que no deja de causar sorpresa la actitud tan airada con la que le cuenta a la directora la petición.

La cara bonita

Dentro de la cárcel existía un captador de clientes. Un interno buscaba información sobre quiénes iban a la junta próximamente y que pudieran ser susceptibles de acceder a pagar a cambio de beneficios. Así es como se va a destapar toda la trama. En septiembre de 2022 la esposa de un interno cursa una denuncia ante la Guardia Civil después de que a su marido un compañero le haya ofrecido la posibilidad de acceder al permiso “a cambio de un regalito. Nosotros tenemos mano con don Trifón”.

Este mismo preso es el que va a acosar en esas mismas fechas a un joven interno para que pague el regalito, sabiendo que su padre tenía capacidad económica. El joven le explica a su padre que ya no es salir o no salir, sino las continuas amenazas que está sufriendo para que pague, por lo que le pide que se ponga en contacto con un tipo que hay en el exterior que está compinchado con el extorsionador. El padre llama al número que le ha dado su hijo y le responde el gerente de una cooperativa de La Algaida. Efectivamente, él es su hombre y a quien le tiene que ingresar el dinero. El padre realiza el pago al cooperativista en dos partes, una de 5.000 euros y otro de 6.000, y a continuación denuncia la extorsión.

Meses después el interno que ejerce de contacto encuentra una nueva presa. En esta ocasión lo que se le ofrece al preso es el tercer grado, ya que ya cuenta con periódicos permisos. En uno de estos permisos queda con el gerente de la cooperativa para que le explique cómo funciona el sistema. La víctima de la extorsión va a grabar la cita y gracias a ello se le escucha al cooperativista identificarse como el cara bonita de la organización, el contacto entre los familiares y quienes dentro pueden conseguir los beneficios, “que ya te digo que no son precisamente los guardas”. A continuación le desgrana las tarifas: 15.000 por un tercer grado y 6.000 por un permiso. En su caso, le informa, serían 15.000 euros. El intermediario le exige confidencialidad y le advierte que, de lo contrario, esas cosas se saben en la cárcel. No llegan a un acuerdo. Cuando el preso regresa de su permiso, se cruza en la entrada de la prisión, en el rellano, con el cooperativista con el que había hablado el día anterior, que sale de ella. Se miran fijamente.

Nada más salir a la luz esta investigación el mismo ministro del Interior, Grande-Marlaska, anunció que se iba a llegar hasta el final. La preocupación es máxima dentro de Interior porque se hacen muchas preguntas. La primera es si estamos ante un caso aislado o esto está sucediendo en más centros. La segunda no es menos inquietante. Si Miguel Ángel Rodríguez siendo el ex director de la cárcel maneja estas historias, ¿qué es lo que hacía cuando era el director?

A la primera pregunta responde un técnico que estuvo en las juntas de tratamiento de Puerto III en los tiempos de la dirección de Rodríguez: “Lo que pasaba en esa cárcel yo no lo he visto en ninguna otra. Y he estado en muchas”. Una junta de tratamiento está compuesta por ocho personas. Cuatro son funcionarios de Instituciones Penitenciaras: el director, que preside, el subdirector, el responsable médico y el subdirector del CIS (Centro de Inserción Social). Los otros cuatro son el equipo técnico: jurista, psicólogo, trabajador social y educador. En caso de empate en la votación decide el director por voto de calidad. Estas deliberaciones son secretas. Este técnico indica que “era sorprendente la de veces que el equipo de la cárcel votaba en contra del dictamen del equipo técnico y, claro, acaba decidiendo el director porque el equipo de funcionarios siempre votaba lo que decía el director”. Pero este sistema es garantista y estas decisiones se elevan posteriormente bien al juez de vigilancia o directamente a Madrid. “Yo no me voy a meter en la labor de los jueces e incluso lo puedo comprender porque llevan miles de casos, están saturados. Lo normal, no digo siempre, pero lo normal es que suscriban lo que dice la junta”.

Esta fuente dice que “yo no sé si se cobraba o no se cobraba, no tengo ni idea. Veo más fácil que se pudiera mercadear con información privilegiada incluso entre los presos. No lo sé. Lo que sí sé es que el ambiente en las juntas de Puerto 3 era muy tenso y eso te lo puede decir cualquiera que haya estado en ellas y eso fue así desde que llegó el director, pero allí, desde 2013 también estaba la subdirectora. Me extraña que ella no supiera qué es lo que pasaba durante todo ese tiempo. Esa cárcel se ha dirigido siempre como una dictadura. Se hacía lo que mandaba el director”.

Trifón y la mano en el fuego

“Pongo la mano en el fuego por Trifón”, nos dice alguien que presume de calar a la gente de un vistazo rápido. ¿Y por Micky? “Ni el dedo meñique”, responde. Allá donde preguntamos, ya sea a funcionarios, a personal de la administración de la cárcel o a parroquianos de la Venta El Cepo, una especie de club social cercano al complejo penitenciario que lleva cuatro décadas atendiendo las necesidades de unos y otros, la respuesta es idéntica: todos ponen la mano en el fuego por el administrador de Puerto III en esta historia. “Es muy buena persona, siempre intentando echar una mano. Es querido por los funcionarios y por los presos. A nadie le gustaría que este asunto le costara un problema. No lo merece”.

La noticia de su detención en el marco de la investigación de la Guardia Civil ha caído como un golpe bajo en el segundo presidio más grande del país y sus alrededores. “El ex director siempre tuvo un aire cortijero, pero Trifón es legal. Tiene a un hijo trabajando como funcionario aquí y a una hija en Puerto II. No tiene necesidad y nunca hemos advertido un comportamiento impropio”, nos dice un funcionario.

La historia les chirría. Hay quien opina que la influencia que la figura de Micky ejercía sobre Trifón le ha jugado una mala pasada. “Es imposible que se pueda influir en la junta de tratamiento. La forman ocho personas y su dictamen se envía a Madrid, a Instituciones Penitenciarias. Hay demasiados filtros como para que alguien pueda conseguir, por unos miles de euros, que se conceda un permiso a tal o cual preso”, dice otro funcionario. Uno más que pone la mano en el fuego por Trifón.

Otra teoría que intenta desmontar, desde la cercanía, la supuesta trama pone el objetivo en el propio ecosistema carcelario. “Si eso fuera así, si los presos supieran que los que manejan pasta van a conseguir permisos antes que ellos, se organizaría un motín como aquel de la Modelo en el 77”.

Lo que olvida quien nos hace este apunte es que en Puerto III, la segunda prisión más peligrosa de España para los funcionarios sólo por detrás de Soto del Real, la población reclusa, muy masificada, está muy controlada por narcotraficantes con condenas largas, y que si ellos no dan luz verde a cualquier revuelta difícilmente nadie va a atreverse por sí mismo ni a quemar un colchón.

En Puerto III el ambiente entre el personal de administración y los funcionarios se ha enrarecido. Nadie se fía de nadie. Alguno apunta hacia arriba. “La actual directora de Puerto III fue durante muchos años subdirectora con Micky. En la cárcel se comercia con la información a todos los niveles. Me cuesta pensar que si algo turbio se ha estado cociendo desde hace años ella se hubiera quedado al margen. El hecho de que se pregunte por la situación de un recluso no quiere decir que se pueda influir en una Junta de Tratamiento formada por ocho personas”, dicen desde dentro de la prisión.

Por todo esto es por lo que desde el cuerpo de funcionarios de Puerto III se intenta desmontar la teoría de la trama organizada y se insiste en que si alguien ha cometido alguna irregularidad “ha sido de manera individual”.