El Seprona persigue la extracción ilegal de agua en el diseminado de Chiclana

Chiclana cuenta en su término municipal con miles de viviendas en situación irregular. Hablamos de un mal endémico de zonas costeras de la provincia en las que, durante décadas, se han ido ocupando parcelas en suelo rústico sin control alguno. De un tiempo a esta parte, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Chiclana han puesto pie en pared para tratar de regulizar la situación de muchas de estas construcciones que carecen, entre otros servicios, de alcantarillado y agua corriente. Para ello, el Consistorio chiclanero que dirige José María Román ha realizado una importante inversión, llevando la red de alcantarillas y el suministro de agua potable hasta la misma puerta de 1.500 viviendas, a cuyor propietarios se les ha reclamado que abonen únicamente los gastos que se originarán de llevar la acometida del agua hasta sus docimilios. Hablamos de unos 8.000 euros, cantidad que podrá ser abonada en ocho años. Hablamos de algo así como 1.000 euros al año, unos 83 euros al mes. La cuestión es que la gran mayoría de los propietarios se están negando a aceptar esas condiciones porque prefieren mantener las condiciones actuales, es decir, sacar el agua de pozos perforados de manera ilegal y verter las aguas sucias a fosas sépticas para ahorrarse el recibo mensual de agua.

Y ahí es precisamente donde entra el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, para entendernos. Porque la cuestión es que todos estos pozos, de zonas muy pobladas de Chiclana como la Rana Verde, han sido perforados de manera ilegal, cometiendo dos delitos:por un lado la perforación propiamente dicha, y, por otra, la extracción de agua.

Además, al verter las aguas negras a fosas sépticas con filtraciones, en muchos casos se están contaminando los acuíferos de la zona, cometiendo otra infracción que acarrea una multa.

Agentes del Seprona comenzaron ya el pasado año a realizar numerosas inspecciones en zonas del diseminado de Chiclana y a abrir expedientes que, en la mayoría de los casos, acarrean multas importantes para sus propietarios. Hablamos de sumas elevadas que podrían ahorrarse si decidieran acogerse a la legalidad vigente y regularizar su situación en las ventajosas condiciones que ofrece el Consistorio chiclanero.

El uso de fosas sépticas y pozos sin un control adecuado ha sido señalado por expertos como una de las principales causas de la contaminación de los acuíferos. Según estudios de organizaciones ambientales y expertos en hidrología, el vertido incontrolado de aguas residuales puede propiciar la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos en el agua subterránea.

El acuífero de Chiclana es clave para el suministro de agua potable en la zona, pero su calidad se ha visto comprometida en los últimos años debido a la filtración de nitratos, fosfatos y otros contaminantes provenientes de los residuos domésticos y agrícolas. Esta situación no solo pone en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que también compromete el desarrollo sostenible del municipio a largo plazo.

Con el objetivo de abordar esta crisis, el Ayuntamiento de Chiclana aprobó una ordenanza que permitirá la conexión de unas 1.500 viviendas al sistema de alcantarillado y agua potable, llevando hasta la puerta de su casa las tuberías.

Fuentes municipales han defendido que la medida responde a una necesidad urgente de salud pública y protección ambiental. “No se trata de legalizar viviendas fuera de normativa, sino de garantizar que las familias que ya residen en estas zonas tengan acceso a servicios básicos sin seguir poniendo en peligro nuestros recursos hídricos”, explicó el alcalde José María Román en una reciente comparecencia pública.