Los trastornos mentales están tras la mayoría de agresiones en las cárceles de Cádiz

Cuando un tipo de casi dos metros con la mente de un niño rebelde pierde los estribos es complicado de frenar. Los funcionarios de las prisiones gaditanas lo saben por experiencia propia, pero, por si se les había olvidado, esta semana han tenido un recordatorio de lo edificable. Una pelea entre reclusos acabó con uno de ellos atacando a los trabajadores que intentaron apaciguar los ánimos con el resultado de varios heridos y contusionados. Es algo cotidiano en las cárceles españolas, donde buena parte de la población reclusa sufre problemas mentales.

En las últimas décadas, la salud mental en el sistema penitenciario español se ha convertido en una preocupación de primer nivel. Varios estudios han evidenciado una prevalencia alarmante de trastornos mentales entre los internos. Esta problemática se ve acentuada en provincias como Cádiz, donde las infraestructuras y recursos disponibles no son suficientes debido a la altísima densidad de población penitenciaria.

Hablamos de prisiones que arrastran un grave problema de superpoblación como Puerto III, que cuenta entre sus muros con entre 80 y 90 internos con diversas enfermedades psiquiátricas. El módulo 14 está reservado para el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales, el popular PAIEM, que se aplica en la gran mayoría de centros del país.

A nivel nacional, las estadísticas reflejan una situación muy preocupante. Según datos recopilados en el Estudio sobre salud mental en medio penitenciario elaborado por el Ministerio del Interior en 2007, se estima que el 46% de la población reclusa en España presenta algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Análisis más recientes, como el publicado por la Confederación Salud Mental España en 2022, destacan que el 4,2% de los reclusos, alrededor de 1.800 personas, padecen trastornos mentales graves. No obstante, solo uno de cada cinco recibe atención en hospitales psiquiátricos penitenciarios especializados, mientras que el resto permanece en cárceles ordinarias sin los recursos adecuados para su tratamiento.

Los reclusos de las cárceles portuenses con problemas mentales reciben la visita de un psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del Clínico de Puerto Real cada 15 días, aunque desde el sindicato CSIF se considera esto totalmente insuficiente. “Es nuestro talón de Aquiles, porque si tenemos 1.200 internos, igual hay 300 que podrían tener problemas mentales de diversa índole. No les da tiempo a verlos a todos en tan poco tiempo”, advierten.

En situaciones como la vivida esta semana, los funcionarios advierten que tienen todas las de perder, entre otras cosas porque siguen sin ser agentes de la autoridad, como vienen reclamando sin éxito desde hace mucho tiempo. “Con estos internos ni siquiera se puede recurrir a sancionarlos en una celda. No pueden estar en aislamiento porque sufren trastornos mentales que en algunos casos incluyen tendencias suicidas”.

La realidad es que en su mayoría no están capacitados para convivir con otros reclusos. Su perfil no encaja, y acaban en ese módulo que acaba pareciéndose a un cajón de sastre. “Sus problemas mentales no les eximen de cumplir la pena por los delitos que han cometido, pero son niños rebeldes dentro de corpachones de hombres adultos que se niegan a respetar las normas de convivencia. Muchas de las agresiones vienen por ahí”, declaran fuentes del sindicato CSIF.

La situación en la provincia

La problemática de la salud mental en las cárceles adquiere matices particulares en la provincia. Según un estudio publicado en la Revista Española de Sanidad Penitenciaria, se confirmó una alta prevalencia de trastornos mentales graves en los internos de Cádiz, lo que viene a subrayar la necesidad de asignar recursos adecuados para atender este grupo de enfermedades.

Desde Instituciones Penitenciarias se intenta que cada vez más internos se involucren en el PAIEM, un programa que busca ofrecer atención especializada a reclusos con trastornos mentales, evidenciando la presencia significativa de esta problemática en la región.

Porque la cuestión es que la atención sanitaria en las prisiones españolas enfrenta numerosos desafíos, sobre todo para la salud mental. Un informe de CCOO destaca que al menos el 25% de los internos padece alguna enfermedad mental, y que cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría por cada 100 presos.

Esta situación se ve agravada por la escasez de personal médico en las instituciones penitenciarias. El sindicato Acaip-UGT ya denunció el pasado año un déficit del 67% de médicos en las cárceles gestionadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, lo que implica que 169 médicos son responsables de atender a unos 50.000 presos, cuando deberían ser 517 profesionales.

El entorno carcelario, el aislamiento, la falta de privacidad y la convivencia forzada, puede aumentar trastornos mentales preexistentes e incluso desencadenar nuevos episodios en individuos que antes de ser recluidos no habían evidenciado síntoma alguno. La ausencia de programas de rehabilitación efectivos y la sobrepoblación en algunas prisiones contribuyen a un ambiente que dificulta la recuperación y el bienestar psicológico de los internos.

Además, la falta de formación específica del personal penitenciario en el manejo de reclusos con trastornos mentales puede llevar a situaciones de incomprensión y manejo inadecuado de estos casos, aumentando el riesgo de conflictos y deterioro de la salud mental de los afectados.

Para abordar de manera efectiva la problemática de la salud mental en las cárceles españolas y, en particular, en la provincia de Cádiz, es fundamental implementar una serie de medidas integrales, entre ellos aumentar el número de profesionales de la salud mental en las prisiones, garantizando de esta manera una atención adecuada y oportuna a los internos que lo requieran.

Además, los sindicatos entienden que sería interesante establecer alianzas con organizaciones de salud mental y ONG puede enriquecer los recursos disponibles y ofrecer perspectivas innovadoras en el tratamiento y apoyo a los reclusos.

En resumen, entienden que la salud mental en las cárceles españolas representa un desafío complejo que requiere la atención conjunta de instituciones, profesionales y sociedad en general. En la provincia de Cádiz, la alta prevalencia de trastornos mentales entre la población reclusa subraya la urgencia de implementar medidas integrales que aborden esta problemática de manera inmediata.