Derribos en La Casería: A la espera de la llegada de las máquinas

San Fernando/A la espera de la llegada de las máquinas y del comienzo de las demoliciones en la playa de La Casería, los titulares de las casetas que se reparten por la zona de dominio público marítimo terrestre ultiman la retirada de sus enseres y, en algún caso, hasta han empezado a desmontar ellos mismos estas ocupaciones dado lo inevitable que ya resultan los derribos.

Son los únicos trabajos que se han visto a primera hora de la mañana en el día en el que la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico había señalado para iniciar la ejecución de las demoliciones una vez concluido el expediente de recuperación posesoria que se empezó a tramitar en octubre de 2020.

"No sabemos nada. Nos dijeron que hoy iban a empezar a derribar pero pero por ahora no hay nada", explicaba uno de los afectados que desde primera hora de la mañana aguarda en La Casería la llegada de las máquinas y el comienzo de los trabajos.

Hay todavía muchos -advierte- que tienen sus enseres dentro de las casetas. Entre ellos, claro, la docena de pescadores que todavía ejercen su actividad en la zona, que están pendientes de que el Ayuntamiento isleño instale los módulos prometidos para acometer el traslado.

De los trabajos para la demolición de las casetas se encargará el grupo empresarial público Tragsa a través de una encomienda de gestión realizada por Costas en el pasado mes de mayo, hace ya 9 meses.

Las demoliciones de las casetas tendrán un coste de 332.732,48 euros, que es el presupuesto de la actuación que se recoge en la plataforma pública de contratación.

A eso se suma el contrato de servicios en materia de seguridad y salud que se precisa para acometer las demoliciones, que se adjudicó en el pasado mes de junio a una consultora gaditana por 5.923,55 euros.

De entrada, se dispone un plazo de tres meses para acometer estas demoliciones que por ahora no afectan a los dos negocios de hostelería que se asientan en la playa dado que uno, la Cantina de El Titi-El Bartolo, cuenta con una concesión para el ejercicio de su actividad –aunque Costas también la ha recurrido– y el otro, el Merendero La Corchuela-Casa Muriel, ha conseguido frenar de momento el derribo gracias a las medidas cautelares aprobadas por el juzgado.