El PP de San Fernando demanda la bajada de impuestos y presenta 10 alegaciones a las ordenanzas fiscales

San Fernando/El Partido Popular (PP) ha presentado hasta 10 alegaciones a la modificación de las ordenanzas fiscales de San Fernando. La formación aboga por la rebaja de los tributos como la mejor manera de compensar la situación económica. "El gobierno municipal debería ser más generoso en la bajada de la recaudación", apunta la concejala Inmaculada Marín.

Los populares recuerdan que los superávit millonarios que han arrojado las cuentas municipales en 2021, pero también en 2020 para cuestionar que el equipo de gobierno mantenga su política fiscal y se "conforme con congelar impuestos" a pesar de los problemas que la inflación está provocando a muchas familias. "Debería ser más flexible, adaptarse a las circunstancias", insiste Marín que critica que la alcaldesa, Patricia Cavada, esté "alejada de las necesidades de la ciudad".

La edil apunta a las cifras para argumentar la postura del partido: que con un presupuesto de 85 millones de euros siga con la misma presión fiscal, que se embarque en grandes proyectos como la Plaza del Rey cuyo coste de casi 1,5 millones se sufraga con dinero de los isleños, que se recaude por encima de las necesidades de la ciudad y eso no se traduzca en mejores servicios públicos ni en un presupuesto ejecutado en su totalidad o que en 2022 en las cuentas bancarias se haya llegado a tener inmovilizados 35 millones de euros.

Para Marín la bajada de impuestos no es una cuestión ideológica, sino "gobernar con criterio", y defiende esta acción, "como la Junta de Andalucía", como herramienta económica. Así a las ordenanzas fiscales que tramita el Ayuntamiento de San Fernando para 2023, el PP ha presentado diez alegaciones referidas a impuestos como el IBI, la plusvalía o la tasa de terrazas.

"Planteamos una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles de un 6% para compensar la subida que aplicó la alcaldesa en 2019", concreta Inmaculada Marín. Además, para que más familias numerosas se beneficien de las bonificaciones según hijos amplía los tramos catastrales.

Desde el PP insisten en reclamar que se bonifique hasta un 95% de la plusvalía por fallecimiento. También se recoge la posibilidad de se bonifique el 95% de la plusvalía para aquellas casos en que uno de los titulares y usuario de una vivienda que esté en situación de discapacidad por movilidad reducida quiera enajenar su casa. "Se facilitaría el cambio de domicilio a nueva vivienda accesible en régimen de compra o alquiler de larga duración", aclara la concejala.

Respecto al Impuesto de Actividad Económica (IAE) la alegación presentado contempla una reducción del 40% para sujetos pasivos que hayan obtenido rentas negativas en 2021 y 2022 y del 20%, para los casos de 2022. "Es necesario para la supervivencia de la empresa con pérdidas, y preservar así los empleos", defiende. Para ayudar en este caso a la actividad hostelera se propone la bonificación del 25% de la tasa de ocupación de vía pública, es decir, de terrazas, para así seguir fomentando el uso de los exteriores. Otra alegación que sigue esta línea es la que pide una bonificación del 30% de la cuota por instalación de puestos, casetas de venta, atracciones o barraca para compensar al sector por las pérdidas de 2020 "y que son tan importantes para reactivar el ocio y la vida en las calles, como las ferias"

Como solución a la acumulación de vehículos retirados de la vía pública en el depósito municipal, que el CSIF ha denunciado, el PP expone como solución que se bonifique durante los dos primeros meses de 2023 la tasa por depósito para aquellos vehículos que estén en las instalaciones con anterioridad al 31 de diciembre. "La tasa por turismo es de 11 euros por día, por lo que podría ayudar a facilitar la recuperación de alguno de estos vehículos", aclara Marín.

En cuanto a la ordenanza de la zona azul de aparcamiento, desde las filas populares insisten en solicitar que la tasa especial para residentes también incluya a los propietarios de locales comerciales que ejerzan su actividad comercial o profesional en ese espacio.

Finalmente, la formación reclama la devolución a través del recibo de la recogida de basura de la tasa consorcial cobrada a la ciudadanía entre 2017 y 2019 por el tratamiento de residuos, "tal y como la alcaldesa anunció mediante dictado de providencia".