Vecinos de La Albenda apoyan el recurso municipal contra la sentencia del TSJA

San Fernando/¿Por qué la Justicia dicta sentencia sin comprobar por ella misma la realidad? ¿Por qué en el caso de La Albenda no estimó que un perito o técnico realizara las mediciones pertinentes para definir sobre qué superficie debía dirimir? La asociación de vecinos Camposoto muestra su malestar por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que declara nulo el Estudio de Detalle del Área de Reforma Interior de La Albenda. "La asociación está en fase de disolución, pero algunos vecinos seguimos pagando al abogado y vamos a estar junto al Ayuntamiento en el recurso que va a presentar contra la sentencia", explica su presidente, Ignacio Coello.

"La sentencia no hay por dónde cogerla", se queja este vecino que lleva años luchando para la legalización de parcelas y construcciones de la antigua Huerta de San Joaquín. La frustración es evidente después de un largo camino en el que han tratado con distintos gobiernos municipales, en varios mandatos mandatos, con varios concejales de Urbanismo y hasta tres alcaldes para encontrar una solución urbanística.

La diferencia entre la superficie de La Albenda recogida en el Plan General de Ordenación Urbana –21.166,61 metros cuadrados– y en el Estudio de Detalle –21.485,98 metros cuadrados– es la razón principal por la que la Sección Segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del TSJA pone en cuestión el estudio, aceptando uno de los argumentos de los demandantes que pedían su nulidad por no cumplir la Ordenación Urbanística de Andalucía. En concreto, se advertía de que el aumento de la superficie permitía el incremento de la edificabilidad, por lo que iba en contra la norma. "Son algo más de 300 metros de diferencia en una superficie de 21.000 metros cuadrados", menciona grosso modo Coello sobre lo que considera el quid de la cuestión: una alteración de la superficie que el PGOU de San Fernando permite en hasta un 5%. "Que sean más metros permite que se construyan 15 viviendas por hectárea, que se pase de 31 viviendas que permite el PGOU a 32 viviendas. En concreto hace posible la regularización de una vivienda de 200 años", matiza.

La entidad vecinal critica que "el Tribunal no hace ninguna medición con un perito o un técnico para comprobar la realidad antes de decidir". En efecto, la sentencia contempla la diferencia de medición –en el PGOU, una; en el Proyecto de Reparcelación, otra (incluso más baja en fase inicial); y en el Estudio de Detalle, otra– pero no la admite al considerar que el arquitecto municipal no motiva cómo se llega a esa diferencia en las mediciones, ni da razones que garanticen mayor fiabilidad en la medición que recoge su informe de mayo de 2015.

Para la entidad la situación administrativa es "incoherente" porque se encuentran con el Estudio de Detalle anulado, pero con un Proyecto de Reparcelación aprobado en firme sobre el que no se presentó recurso alguno y que da validez a las parcelas, ya inscritas en el Registro de la Propiedad –así como los viales cedidos al Ayuntamiento–.

La asociación de vecinos de Camposoto se une a la decisión municipal de presentar un recurso de casación contra la sentencia, después de la reunión mantenida con el Ayuntamiento. Por eso Ignacio Coello lamenta la postura de algunos partidos, la guerra política con esta cuestión, en referencia al debate que despertó en el pasado pleno municipal. "Los andalucistas nos apoyaron cuando estaban en el gobierno, el PP cogió nuestro estudio de detalle", recuerda sobre la relación mantenida estos años para lograr la legalización de este suelo urbano no consolidado.

A pesar del esfuerzo colectivo –de cesión de intereses o de suelo para permitir que todos tuvieran opción a construir una vivienda o mantener alguna construcción–, Ignacio Coello dice no entender la postura de los propietarios de una de las parcelas "de más de 400 metros cuadrados", "empeñado en que no salga cuando vive allí de manera ilegal, y sería el primer interesado en que se regularizada el sistema", menciona sobre uno de esos propietarios en concreto.

En La Albenda viven actualmente unas diez familias. Entre ellas, asegura el presidente de la entidad vecinal, algunos ponen impedimentos y otros no se implican. "Pero también hay algunos que quieren regularizar sus casas, tener luz, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, que se urbanice", defiende. El resto de propietarios del suelo aguardan a la legalización para aprovechar sus parcelas y construir desde hace mucho tiempo. "Algunos están enganchados al agua, no hay alcantarillado, pero pagamos basura", abunda sobre la situación en esta zona, que se encuentra en el límite construido de Camposoto.