La adjudicación del nuevo contrato de la limpieza se queda en el aire

San Fernando/La adjudicación del nuevo contrato de limpieza y recogida de basura a la empresa Cespa (8,5 millones de euros al año) quedará bloqueada tras la marcha atrás anunciada ayer tarde por Cs, cuyo voto en el pleno de esta tarde es crucial para que el gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas pueda seguir adelante con el proceso de licitación iniciado hace ahora un año.

Hace apenas unos días, la portavoz de la formación naranja, Mayte Mas, aseguraba con contundencia que la ciudad “no podía permitirse una nueva prórroga del contrato de la limpieza” dando por sentado explícitamente que no sería un impedimento para seguir adelante con la adjudicación de una plica que, hasta el momento, no había suscitado crítica alguna por parte de este grupo municipal.

Las declaraciones de Mas, no obstante, pusieron a Cs en el punto de mira después que la plantilla de trabajadores pidiera expresamente que se frenara el proceso de licitación en aras de la negociación de su convenio, que consideran que se ve perjudicada con el nuevo contrato, y anunciara movilizaciones y hasta una huelga para la próxima Semana Santa.

Demasiada presión para la formación naranja, que ayer tarde –tras reunirse con el comité de empresa– anunció oficialmente que daba marcha atrás y que votaría en contra del punto que hoy va a pleno. En realidad, se trata de un mero trámite: el requerimiento de documentación previa a la adjudicación a la empresa Cespa, según la propuesta realizada en este sentido hace un par de semanas por la mesa de contratación. Para formalizarse la adjudicación definitivamente el tema tendría que volver a pleno otra vez. Pero sin los apoyos suficientes deja en el aire la continuidad de todo el proceso.

Cs justifica su decisión de bloquear el contrato en las reivindicaciones de los trabajadores "y para evitar que pierdan las mejoras y derechos que han conseguido durante años". Asegura ahora que la plica “no contempla ni valora una posible subida salarial al no haber revisión de precios, según el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Y afirma que "no quieren ser cómplices del retroceso de los derechos de los trabajadores, ni perjudicar la imagen de la ciudad ante una posible huelga de limpieza".

¿Qué piden los trabajadores?

El rechazo de los trabajadores –que se ha conocido después de que se hiciera pública la propuesta de adjudicación a Cespa– se basa casi exclusivamente en una cosa: entienden que el nuevo contrato condiciona la negociación del convenio por la ley de desindexación de precios de bienes y servicios públicos, que lo desvincula de la subida del IPC y que, por tanto, deja un escaso margen para pactar con la empresa posibles incrementos salariales o mejoras económicas.

La negociación –explicaban hace unos días los representantes sindicales– pasa a depender exclusivamente del margen del beneficio industrial que obtiene la empresa por la prestación del servicio y, según los trabajadores, eso los deja sin opciones al pretender mejoras.

En todo caso, como argumenta el Ayuntamiento, la ley de desindexación es de obligado cumplimiento por todas las administraciones.

Aunque no se trata solo de eso. La plantilla se ve en serios apuros porque necesita con urgencia cerrar un nuevo convenio colectivo tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma el límite de un año como plazo legal de la ultraactividad, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral de 2012.

Es decir, que si el convenio pierde su vigencia pasarían automáticamente a regirse por el convenio estatal. Y eso supondría un drástico recorte salarial para la plantilla. En el pasado diciembre consiguieron evitarlo in extremis con una prórroga del convenio actual pactada con Urbaser. Pero la empresa –dicen– se muestra reacia a negociar mientras el proceso de licitación se mantiene abierto. Además, ahora, la mesa de contratación ha propuesto adjudicar el servicio a Cespa, otra compañía diferente.

Y –sostienen– los trámites para que la nueva empresa se haga cargo del servicio, en el mejor de los casos, pueden prolongarse durante varios meses. Además, el relevo tampoco parece que vaya a fácil: se cuenta con que se interpongan recursos y hay hasta una impugnación judicial anunciada de antemano por la formación Plataforma 3R, además de unas elecciones municipales de por medio y la constitución de una nueva Corporación, lo que también puede afectar a la tramitación del contrato y a sus tiempos.

Así que –sostiene el comité de empresa– apenas queda tiempo material para la negociación de un nuevo convenio con la adjudicataria, que tendría que cerrarse antes del 31 de diciembre. De ahí que consideren que la mejor opción sea paralizar todo el proceso iniciado en marzo de 2018 e, incluso, volver a licitar el contrato en términos más ventajosos para la plantilla.

¿No hay margen?

De esta forma, Urbaser seguiría prestando el servicio de manera prorrogada y en las condiciones actuales, lo que en realidad –dada esta situación de provisionalidad sujeta a la tramitación de un nuevo contrato– tampoco garantiza a los trabajadores mejora alguna a priori en la negociación de un nuevo convenio.

El gobierno municipal calcula que se tardaría unos tres años aproximadamente en iniciar todo el proceso desde el principio otra vez, desde la redacción de unos nuevos pliegos de condiciones. Y recuerda que hay cuestiones de obligado cumplimiento como la ley de indexación, por lo que la situación apenas variaría conforme a la propuesta actual.

Por otro lado, el nuevo contrato que ahora se verá frenado casi duplica la cantidad destinada a gastos generales y beneficio industrial de la adjudicataria, que es la que daría margen a la negociación de un nuevo convenio. De 272.867,31 euros anuales se pasaría a 476.501,96 euros, lo que –al menos en la teoría– propiciaría espacio para negociar posibles mejoras para la plantilla.

La oferta de Cespa es también la que más dinero de todas propuestas presentadas destina a gastos de personal: 5.759.886,96 euros, medio millón por encima incluso de lo establecido en los pliegos (por el incremento de jornadas planteado como mejora) y a una gran distancia del resto de cantidades planteadas por otros licitadores. El coste medio por jornada se cifra en 165,96 euros, la mayor cuantía que se ha puesto sobre la mesa en el proceso de licitación, lo que supuestamente brindaría un contexto óptimo para una negociación laboral.

El escenario, en todo caso, ha cambiado drásticamente con la marcha atrás de Cs.