El gobierno local busca la fórmula para incluir las 35 horas semanales en el contrato de ayuda a domicilio de San Fernando

Procura el aval de la Junta Consultiva de Contratación para incorporar esta mejora en el nuevo pliego de condiciones al ir más allá del convenio colectivo

Intenta así desbloquear el conflicto que ha llevado a las trabajadoras a una vigilia ininterrumpida a las puertas del Ayuntamiento

Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de San Fernando durante la vigilia que llevan a cabo a las puertas del Ayuntamiento desde el pasado mes de mayo. / D.C.

San Fernando/El gobierno municipal recurrirá a la Junta Consultiva de Contratación del Sector Público para intentar desbloquear el conflicto creado en torno al nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y dar respuesta en la redacción del nuevo pliego de condiciones a la principal demanda de la plantilla: las 35 horas semanales, que las trabajadoras reclaman desde finales del pasado mes de mayo con una vigilia ininterrumpida a las puertas del Consistorio.

El equipo de gobierno –asegura el concejal de Presidencia y Desarrolllo Económico, Conrado Rodríguez– comparte las reivindicaciones de las auxiliares de ayuda a domicilio y está por la labor de incorporar esta mejora al nuevo contrato al que ahora se está dando forma.

El Ayuntamiento de San Fernando –subraya– tiene capacidad para asumir las 35 horas semanales. El problema radica en que su inclusión en la plica, al tratarse de una mejora que está por encima del convenio colectivo, choca con cuestiones jurídicas contras las que se encuentra atado de pies y manos.

"A pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público (2017) contempla la posibilidad de añadir cláusulas sociales, toda tentativa de incorporar mejoras en este sentido ha sido recurrida ante los tribunales contractuales y no ha conseguido salir adelante", explica el edil. Se ha informado desfavorablemente porque se considera que es el convenio colectivo –en el caso de las trabajadoras del SAD de San Fernando, el de ámbito estatal– el que determina las relaciones laborales con los trabajadores y no el pliego de condiciones del contrato para la prestación del servicio. Aunque eso, en este caso, vaya en contra de los intereses de la plantilla.

Al recurrir a la Junta Consultiva de Contratación Pública –que es el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública que se encarga de interpretar la Ley– se pretende "cambiar la dinámica" y "abrir una brecha" que permita incorporar mejoras sociales a los contratos y a la que incluso puedan luego sumarse otros ayuntamientos en la misma tesitura.

La propuesta redactada por el Ayuntamiento que espera conseguir el aval de la Junta Consultiva se ha tratado con el comité de empresa del SAD y ha incorporado incluso aportaciones suyas, según Conrado Rodríguez.

En primer lugar se plantea que en el pliego de condiciones del nuevo contrato se incluya como condición especial de ejecución (para la empresa que resulte adjudicataria) la obligación de la jornada de 35 horas semanales, que evidentemente se incluiría en el estudio de costes previo y en el presupuesto a la hora de licitar.

Hay también una segunda opción que desde el equipo de gobierno se pone sobre la mesa: que esas 35 horas semanales se incorporen como criterio de valoración, de manera que la empresa que las oferte obtenga una mejor puntuación en el proceso.

"Nuestra única herramienta para incorporar mejoras es el pliego de condiciones"

Desde el equipo de gobierno, el concejal Conrado Rodríguez ha reconocido la "complicada situación" en la que se encuentran las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y ha insistido en la necesidad de mejorar sus condiciones laborales dadas las carencias que presenta el convenio colectivo. "Y la única herramienta que tenemos para ello es el pliego de condiciones del contrato", señala. El ejecutivo asegura así que "no mira para otro lado" ante las demandas de la plantilla, aunque el encaje de estas reivindicaciones choca con dificultades que se intentan superar. "No estamos de acuerdo con la interpretación que se está haciendo de la Ley de Contratos del Sector Público en los tribunales contractuales al impedir la introducción de mejoras por encima del convenio", afirma al recordar que, sin embargo, la norma abre la puerta a estas cláusulas sociales claramente.