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La Magdalena: un año de tensiones y una indemnización en juego

La UTE adjudicataria ha pedido la resolución del contrato hasta en tres ocasiones desde octubre de 2023, como este miércoles desveló AxSí, pero a la vez ha estado tratando con el Ayuntamiento de San Fernando y con la dirección facultativa cuestiones relacionadas con la posibilidad de retomar los trabajos

Reclama una indemnización que asciende a 361.604 euros  

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La Magdalena, en una fotografía tomada unos meses después de la paralización de los trabajos en San Fernando / Jesús Marín

San Fernando/La UTE adjudicataria de las obras del parque de La Magdalena pidió al Ayuntamiento de San Fernando hasta en tres ocasiones a lo largo del último año –la primera de ellas, en octubre de 2023– la resolución del contrato y el pago de una indemnización mientras, en paralelo, seguía negociando con el equipo de gobierno y con la dirección facultativa, con los que se cruzaba documentación y seguía tratando cuestiones relacionadas con la reanudación de los trabajos: unidades de obra, revisiones de precios, mediciones... 

Esa predisposición, unida al interés mostrado por la UTE en la tramitación del modificado, hizo creer hasta el último momento al ejecutivo municipal que había voluntad de retomar las obras por parte de la adjudicataria, tal y como se hace constar en los informes que acompañan el expediente para la resolución del contrato que este jueves abordará la comisión informativa del Área de Desarrollo Urbano como paso previo a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local. Se pensaba, de hecho, que se trataba simplemente de ajustar el presupuesto habida cuenta del impacto de la inflación y las consecuencias que había tenido en la obra pública. Es decir, de una cuestión de dinero.

Desde el gobierno municipal se hizo especial hincapié ayer en dejar clara la estrategia de la adjudicataria después de que desde el grupo municipal AxSí San Fernando se diera a conocer que, efectivamente, la UTE había solicitado hasta en tres ocasiones la resolución del contrato a lo largo del último año. 

Así que la conclusión que extrajo la formación andalucista era que el gobierno municipal sabía y tenía constancia oficial desde hace un año de que la adjudicataria no tenía interés alguno en seguir con el proyecto y retomar la actuación. Y, a pesar de eso, mantuvo en silencio esta circunstancia. 

Desde el gobierno municipal, sin embargo, se rechazó de plano tal interpretación y se insistió en que hasta el último momento se había estado en conversaciones con la adjudicataria confiando en retomar las obras en La Magdalena. "De ser así, sería absurdo que hubiesemos esperado un año para resolver el contrato. ¿Qué ganamos con esperar hasta ahora?", apostilló al tiempo que acusó a la formación andalucista de "mentir" por haber dado a conocer solo una parte de la información del expediente mientras ocultaba el resto: los correos y mensajes que ponen de manifiesto que el Ayuntamiento seguía negociando con la adjudicataria la reanudación de los trabajos. 

AxSí critica la demora cuando hace un año la UTE pidió la resolución

Según el portavoz de AxSí, Fran Romero, la primera solicitud de resolución del contrato que cursa la UTE adjudicataria se registra el 4 de octubre de 2023 y se realiza además apelando a "causa imputable al Ayuntamiento" dado que había transcurrido más de un año desde que se paralizaran las obras sin que se hubiera redactado el correspondiente modificado para poder seguir con los trabajos. 

En dicho escrito se alude a la Ley de Contratos del Sector Público, "donde se establece como causa de resolución contractual la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración con el derecho al 6% del precio de adjudicación". Es decir, se reclama conforme a la citada ley el pago de una indemnización que asciende a 361.604,92 euros. Sin embargo, apunta Fran Romero, "el gobierno local en ningún momento resuelve esta petición conforme a la normativa aplicable". 

La segunda petición cursada por la UTE en este mismo sentido se remonta al pasado 26 de junio, apenas unas semanas después de que la alcaldesa, Patricia Cavada, anunciara en rueda de prensa la reanudación de los trabajos "en mes y medio" tras la redacción del modificado y el supuesto acuerdo al que había llegado al respecto con las empresas encargadas de la obra.

Hasta el 28 de junio -citó Romero siguiendo un orden cronológico- no se le notifica a la UTE adjudicatia el documento técnico del proyecto modificado, "cuando ya hacía casi dos años de la suspensión de las obras". Ambas mercantiles apenas tardan unos días en contestar. El mismo 2 de julio reiteran al Ayuntamiento ya por tercera vez su petición de resolución del contrato poniendo de manifiesto una vez más y de manera tajante que no tienen ningún interés en seguir adelante con la obra y reclamando la indemnización que consideran que les corresponden por ley, sostiene AxSí. 

AxSí, de esta forma, condenó la demora de la propuesta de resolución del contrato promovida por el gobierno de Patricia Cavada "por otra causa diferente, en este caso, por superar el nuevo proyecto en más de un 20% el precio inicial del contrato y con una indemnización del 3%". Es decir, la mitad de esos 361.604,92 euros

En todo caso, anotó la formación andalucista, hace un año que el ejecutivo municipal sabe de sobra que la UTE quería resolver el contrato y desde principios de verano está absolutamente claro que las obras de La Magdalena no se van a reanudar, hechos "que se han mantenido ocultos" hasta que han salido a la luz con la tramitación del expediente. 

"No sólo son responsables de haber perdido 8 millones de euros de los fondos EDUSI, sino que también lo son de que ahora nos cueste 12 millones pagados por los bolsillos de todos los isleños. Y lo son también de la nefasta tramitación del expediente desde que comenzaron y se suspendieron las obras en el verano de 2022", afirma el portavoz de AxSí San Fernando al hacerse eco de las declaraciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, que se preguntaba "en manos de quién estamos" ante lo ocurrido en La Magdalena. 

"Una alcaldesa que tarda 5 años en adjudicar el contrato de La Magdalena desde que nos concedieron los fondos europeos, que tarda 8 meses en iniciar el expediente de modificación del contrato desde que se suspenden las obras, que tarda 2 años en redactar el nuevo proyecto modificado, que no resuelve una petición de resolución de octubre de 2023 sin que exista reacción administrativa local, que en mayo de este año nos miente afirmando que en junio se retomaban las obras cuando del estudio del expediente queda bien a las claras que la adjudicataria lleva casi un año mostrando su voluntad de resolver, que tarda casi tres meses en proponer la resolución desde que la adjudicataria le reitera por segunda y tercera vez que quiere que se resuelva el contrato. Y durante todo este tiempo, más de dos años, La Magdalena convertida en una escombrera y vertedero público. Una alcaldesa responsable de todo esto no se merece ser la alcaldesa de San Fernando por mucha mayoría absoluta que tenga", afirma la formación, que alude también a los "hipócritas discursos" sobre el urbanismo lanzados en el Teatro de las Cortes con motivo del 24 de septiembre: "No hay quien se los crea".

El Ayuntamiento creyó que había voluntad de retomar las obras

Desde el gobierno municipal, al hilo de estas críticas, se insistió en que la UTE adjudicataria mantuvo en todo momento comunicaciones y una relación fluida con la dirección facultativa de la obra para llegar a un acuerdo con respecto a la propuesta del modificado de obras.

Hay incluso escritos en los que se pone expresasmente a disposición del órgano de contratación en este sentido. De ahí que la resolución del contrato que pidiera en octure de 2023 pillara completamente por sorpresa al Ayuntamiento. Pero además, se expone, después continuó también con la dirección facultativa el cruce de correos y documentación para cerrar el modificado, todos ellos incluidos igualmente en el expediente. También, se recuerda, se le dio trámite de audiencia para que alegara a dicha propuesta del modificado, que supone un incremento del presupuesto de ejecución material del 44,5%.

La estrategia de la adjudicataria -se sostiene- fue la dilatar el proceso en el tiempo para así conseguir que se superara el plazo de 8 meses desde la suspensión de la obra (que se hizo efectiva en marzo de 2023) y así poder reclamar la indemnización del 6%.

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