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San Fernando/La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha aprovechado la dedicatoria por parte del Ayuntamiento de Madrid -en la jornada del pasado lunes- de un parque de la capital en memoria de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, David Pérez y Miguel Ángel González, para arremeter contra el gobierno municipal de la socialista Patricia Cavada "que no consideró siquiera suspender las fiestas programadas en señal de respeto".
Alude la edil popular a la polémica suscitada nueve meses atrás, en pleno febrero, cuando el Ayuntamiento de San Fernando, tras consultar con las peñas, hosteleros y comerciantes, optó por seguir adelante con la programación de los Carnavales durante el primer fin de semana de las fiestas, que coincidió con este suceso que causó gran impacto en La Isla al ser uno de los dos agentes fallecidos natural de la localidad.
Finalmente, tras numerosas críticas y después de que la familia del fallecido recriminara a gritos que se hubiesen continuado las fiestas durante una concentración en memoria de los dos guardias civiles, se decretaron dos días de luto oficial, que implicaron la suspensión de todos los actos programados en esas dos jornadas.
De Alba ha mostrado en redes sociales su "orgullo" ante la iniciativa del Ayuntamiento de la capital madrileña, gobernado por el PP, al dedicar el parque a estos dos guardias civiles: "Es un gesto que honra su memoria y el compromiso de quienes dieron su vida para protegernos", ha dicho.
En este sentido, ha insistido en comparar ese gesto del Consistorio madrileño con la manera de proceder del gobierno isleño allá por el mes de febrero, "un hecho que nos duele a muchos, porque la memoria y el reconocimiento a quienes se sacrifican por nuestro bienestar deberían estar siempre por encima de cualquier celebración", dice.
"Miguel Ángel y su compañero David merecen más que un recuerdo: merecen dignidad, gratitud y el compromiso de que su sacrificio no será olvidado. Desde aquí, reafirmo mi reconocimiento a quienes han caído en acto de servicio y mi convicción de que San Fernando también debe rendirles el homenaje que merecen", ha insistido.
Desde el gobierno municipal se reconoció en su momento, a raíz de la polémica que suscitó aquello, que la decisión de suspender o no los actos del Carnaval resultaba "complicada", por lo que se había intentado adoptar de la manera "lo más colegiada posible". En este sentido, se explicó en su momento que tanto la FIPE como el movimiento vecinal o las asociaciones de hostelería y comercio pidieron que se siguiera adelante con las actividades programadas por la fiesta.
También, por parte del ejecutivo local, se insistió entonces que solo un partido -Vox- mantuvo la misma postura desde el primer momento, en el sentido de que pedía la suspensión de las fiestas desde la jornada del sábado de Carnaval, en la que La Isla conoció que uno de los fallecidos en la noche anterior era natural de San Fernando. Las otras formaciones políticas no se pronunciaron explícitamente en esos primeros momentos en los que había que tomar la decisión de seguir o no adelante con las actividades programadas, lo que se interpretó en ese momento como que no ponían reparos. Estos partidos, en la vorágine de aquellos días, denunciaron también que en ningún momento se les había consultado.
El gobierno municipal defendió también que en todo momento se había conducido con el mayor de los respetos con la familia del guardia civil fallecido. La alcaldesa, explicó, asistió a la capilla ardiente que se instaló en la Comandancia de Cádiz a presentar sus respetos así como al funeral celebrado al día siguiente en la catedral de Cádiz, sin participar en ninguno de los actos de las fiestas. Y se acordó que en señal de duelo la bandera de la ciudad ondeara a media asta, además de trasladar públicamente sus condolencias en un comunicado. También, ese mismo sábado, se llevó a cabo una primera concentración en la que se guardó un minuto de silencio.
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