La ciudad de Cádiz está viendo pasar cómo otras administraciones actualizan sus cuentas y, por medio de ellas, la gestión de sus servicios y responsabilidades mientras en el Ayuntamiento se sigue a la espera de culminar la ya eterna redacción del presupuesto municipal.

La última administración en aventajar a Cádiz en el calendario económico ha sido San Fernando, que este martes aprobaba en su fase inicial el presupuesto para 2024. Un documento que, conviene recordar, tendrá que superar ahora el plazo preceptivo para la formulación de posibles alegaciones y toda la tramitación posterior para analizar y posicionarse sobre esas alegaciones hasta aprobar el documento definitivo.

San Fernando, pues, se une a Chiclana y otras ciudades del entorno de la capital que ya cuentan con presupuestos aprobados o al menos presentados para actualizar la gestión en este año 2024. Un ejercicio además que se considera de especial relevancia en ciudades como Cádiz, donde el gobierno local cambió de signo político y de ideas a raíz de las elecciones de las que se van a cumplir ya un año.

De hecho, en la ciudad se ha referido de manera insistente el PSOE al hecho de que el equipo de Bruno García está gobernando con unas cuentas que se remontan al año 2022 (ya que el pasado ejercicio no se aprobó presupuesto alguno) y que salieron adelante con el rechazo de los populares. Un escenario que invita a pensar en una mayor celeridad para aprobar el nuevo presupuesto que la que se viene dando el PP.

Otras administraciones populares

Tampoco sale muy bien parada la gestión económica del Ayuntamiento de la capital si se compara con otras administraciones que en la actualidad están gobernadas también por el Partido Popular. Ejemplo claro y directo es el de la Diputación Provincial y el de la Junta de Andalucía.

Ambas administraciones realizaron la tramitación de los nuevos presupuestos en el último trimestre del pasado año, de forma que quedaron aprobados de manera definitiva en el mes de diciembre de 2023 para que entraran en vigor antes del 1 de enero. De este modo, además, las dos administraciones cumplen con la legislación, que obliga a aprobar el nuevo presupuesto antes de que comience el ejercicio que deberá regir.

Esto último será rotundamente incumplido en Cádiz, que a tenor de la fecha actual (ya en el mes de mayo) y de la tramitación que necesita posteriormente un presupuesto (exposición pública de 15 días hábiles y posterior estudio y posicionamiento de cada alegación que pudiera presentarse antes de elevar al Pleno el documento con carácter definitivo) no estará antes de que finalice el primer semestre del año.