Los colectivos sociales de Cádiz, sin presencia en la Mesa del Turismo
Participación ciudadana en Cádiz
La encuesta sobre participación ciudadana de Derechos Humanos revela que las entidades nunca han estado en este foro
Constitución de la Mesa del Turismo y Comercio
Rechazo de Derechos Humanos a la política municipal de vivienda
Los colectivos sociales de Cádiz no han participado nunca en la Mesa del Turismo y Comercio. Creada en septiembre de 2020 por el gobierno municipal del entonces alcalde José María González, con Monte Mures como concejala del área, este foro fue concebido originalmente como un encuentro profesional, muy técnico, que no ha incluido en sus reuniones y debates a las entidades de carácter social. Así se pone de manifiesto en la encuesta sobre participación ciudadana realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos en la capital gaditana, que ya fue presentada públicamente a finales del pasado diciembre y donde la entidad exigía del nuevo ayuntamiento un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana al considerar que el anterior, del año 2017, ha quedado “obsoleto”.
Y es que para la Asociación de Derechos Humanos en Cádiz la presencia de los colectivos sociales en la Mesa del Turismo cobra sentido en lo que se refiere al debate público sobre la turistificación y el continuo despoblamiento de los barrios de Cádiz, fundamentalmente del casco histórico, en favor de los pisos turísticos.
Pero ninguno de los 173 colectivos sociales consultados por Derechos Humanos en su encuesta ha participado en este foro. Ni siquiera las asociaciones de vecinos, un total de 36 en la capital, han formado parte de esta mesa de participación ciudadana que se constituyó oficialmente el 21 de septiembre de 2020 con la participación de representantes de Horeca, AETC, Asodemer, Cádiz Centro Comercial Abierto, Alojamientos Turísticos y de los partidos políticos por entonces con representación en el Pleno municipal de Cádiz.
De la encuesta sobre participación ciudadana en la capital gaditana se desprende que la mesa o foro en la que han participado más colectivos sociales ha sido la de transición energética, con un 19% de entidades participantes. A este foro le siguen en presencia de estos colectivos sociales las mesas de mujer y personas sin hogar, con un 16% cada una; la de juventud, con un 13% de participación; las de cultura y vivienda, con un porcentaje similar del 10%, y finalmente, con sólo un 3% de entidades sociales participantes, la mesa de cooperación al desarrollo. La encuesta tasa en un 13% la participación en otros foros, sin especificar cuáles, y destaca ese cero por ciento en la citada mesa del turismo, copada por entidades con evidentes intereses en el sector.
De la encuesta también se deduce que las entidades sociales gaditanas, unas con más vitalidad y acción que otras, son conocedoras en una amplísima mayoría de la existencia de estos foros o mesas sectoriales. Sólo un anecdótico 4% contestó que no conocía la existencia de estos encuentros.
Y un 60% de estas entidades, además, piensa que estos espacios de participación ciudadana no están funcionando bien, frente al 40% que considera positivo su funcionamiento. Un margen que se estrecha con otra de las preguntas de la encuesta: si los foros y mesas responden a los intereses y las necesidades de los propios colectivos. En este punto, un 56% cree que sí y el restante 44% considera que no.
Donde sí hay un consenso absoluto es en una pregunta más teórica: el cien por cien de los colectivos consultados cree que las mesas deben servir para “aunar esfuerzos, optimizar recursos, apoyarse mutuamente y conocer las realidades de otras asociaciones de Cádiz”.
En defensa de un reglamento en el que participen más entidades
Cuando a finales de año la asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz presentó su encuesta sobre participación ciudadana, su principal denuncia se asentó, como ya informó este periódico, en la necesidad de renovar el actual Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz al considerar que está obsoleto y que además no ha cumplido desde su aprobación, en pleno gobierno de José María González Kichi, con los objetivos que se perseguían. Por eso la principal demanda de la encuesta fue la de que desde el nuevo equipo de gobierno, ahora en manos del popular Bruno García, se pusiera en marcha el mecanismo necesario para que la ciudad cuente con un nuevo reglamento. Un texto, sobre todo, que nazca con más consenso que el anterior, pues la encuesta de Derechos Humanos revela que sólo el 24% de los colectivos sociales fue consultado para elaborar el reglamento. Enfrente se sitúa, pues, el 76% de las entidades que no tuvieron ni voz ni voto en un texto que sobre todo fue consultado con las asociaciones vecinales. El camino que ahora propone Derechos Humanos es el de aumentar el nivel de consulta y consenso.