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Cavada reubicará a los pescadores de La Casería si no se frenan los derribos

La prioridad es parar las demoliciones pero el Ayuntamiento de San Fernando trabaja para asegurar al colectivo unas instalaciones en la zona pase lo que pase

Protestas contra las demoliciones que Costas planea en la playa de La Casería, en el pasado mes de marzo. / Sonia Ramos
Arturo Rivera Barrera

18 de abril 2021 - 06:00

San Fernando/El Ayuntamiento isleño trabaja en alternativas para reubicar a los pescadores de la playa de La Casería en el entorno "desde el primer momento" pero la prioridad sigue siendo frenar las demoliciones que la Demarcación de Costas tiene previsto llevar a cabo en la zona de dominio público marítimo.

Ante todo –ha insistido la alcaldesa, Patricia Cavada, en declaraciones realizadas a este periódico– se trata de conseguir la declaración de interés general aprobada en pleno que permitiría conservar la singularidad de la zona y frenar los expedientes de Costas.

La regidora insiste en una solución de consenso entre todas las partes implicadas y en un proyecto que, basado en ese espíritu, permita afrontar la regeneración de la playa de La Casería mejorando lo que hay –esas pintorescas casetas y negocios de hostelería– pero sin perder esa singularidad que se ha convertido en un gran reclamo y en un atractivo. "Estoy convencida de que todos saldríamos ganando", ha insistido al mostrar una vez más su desacuerdo con los planes de Costas.

Pero las movilizaciones previstas en defensa de las casetas y negocios de hostelería de la playa de La Casería han sido desconvocadas al asumirse que las demoliciones son imparables una vez que se han adjudicado la redacción del proyecto de regeneración de la zona y se han desestimado los recursos presentados. Así lo afirmaban esta misma semana el colectivo de pescadores de la zona.

El ejecutivo municipal, no obstante, se resiste a dar por perdida la batalla. Los afectados pueden todavía recurrir a la vía judicial para frenar las demoliciones e intentar ganar tiempo si consiguen medidas cautelares.

La alcaldesa insiste en los argumentos y en la base que sustentan la petición de declaración de interés general, pendiente todavía de los informes que tienen que remitir tanto Costas –la misma administración que promueve los expedientes– como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por el momento ninguna se ha pronunciado al respecto. También se ha recurrido a la Mesa del Congreso.

Pero todas esas gestiones –aclara– no implican que no se esté trabajando en alternativas para reubicar en el mismo entorno a la decena de pescadores tradicionales, para que puedan contar con unas instalaciones adecuadas para guardar sus enseres y continuar ejerciendo su actividad en el caso de que no se consiguieran frenar las demoliciones.

"No es nada nuevo", ha precisado en este sentido Cavada, que ha recordado que hace años ya se planteó esta cuestión. De hecho, es un tema que ha estado sobre la mesa desde las primeras reuniones que se mantuvieron cuando se lanzaron los expedientes de Costas.

Así que se trabaja en reubicarlos en el entorno para que cuenten con un espacios en condiciones y que, en la medida de lo posible, mantengan su singularidad.

Hay varias opciones pero también lo que se pueda hacer dependerá de los tiempos que se manejen, de si se consiguen frenar los derribos, de los posibles contenciosos... Y de la posibilidad de que Costas se siente a escuchar, algo en lo que el gobierno local insiste.

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La Casería se moviliza en San Fernando por su playa.

La solución de la hostelería de la zona “está en manos de Costas”

Para el equipo de gobierno, la solución para los negocios de hostelería de la playa de La Casería "está en las manos de Costas", que es la que podría asegurar su permanencia con una concesión administrativa que regulara la actividad. "No es insólito, de hecho toda la costa está llena de chiringuitos", advierte la alcaldesa, Patricia Cavada, que alude también a ejemplos como los del afamado restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María y el cuartel de la Guardia Civil en La Loma del Puerco, en Chiclana. La Cantina del Titi-El Bartolo es, de hecho, la única de las construcciones que ha conseguido evitar las demoliciones al contar con una concesión de Medio Ambiente tramitada años atrás. El merendero Casa Muriel-La Corchuela, sin embargo, no corre la misma suerte. La solución propuesta desde la Subdelegación del Gobierno y desde Costas, que pasa por retranquear unos metros los locales, no es la más adecuada para el Ayuntamiento ya que el trámite, para ajustarse a la legalidad, tendría que pasar por sacar a concurso la explotación en régimen de concurrencia competitiva, lo que no da garantías a los afectados.

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