El IBI se mantendrá congelado en San Fernando durante 2025
El Ayuntamiento isleño solo trabaja dos modificaciones puntuales para las ordenanzas fiscales: las relativas a las tarifas del taxi y a la venta ambulante
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San Fernando/El IBI, el impuesto municipal que más afecta al bolsillo del ciudadano medio, se mantendrá congelado en San Fernando para el año 2015. También el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)... y otros tributos con los que habitualmente tanto empresas como ciudadanos tienen que lidiar.
En líneas generales, o al menos en aquello que más preocupa al contribuyente isleño, las ordenanzas fiscales no se van a tocar de cara al próximo ejercicio. El gobierno municipal ni siquiera va a tramitar una propuesta de modificación con carácter genérico, que habitualmente se aborda desde el Ayuntamiento en este periodo del año para que pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero. Eso sí -adelanta el delegado general del área de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez- habrá modificaciones puntuales sobre dos temas muy específicos pero que no están sujetos necesariamente al comienzo del calendario fiscal, por lo que llevan otro ritmo. Se trata de las tarifas del servicio de taxi y de las tasas de la venta ambulante.
Tras la controvertida subida del 13% que se ha aplicado en 2024 al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se ha optado así por no volver a tocar las tasas e impuestos municipales de cara al próximo ejercicio. En política es de manual: si hay que subir los impuestos, mejor hacerlo siempre en el primer año de mandato. Una máxima que ha vuelto a confimarse en La Isla.
De hecho, como esgrime el gobierno municipal, la congelación de las ordenanzas fiscales -y entre ellas, del polémico IBI- supone a efectos prácticos "una reducción en términos reales" ya que el IPC sí que ha subido (el último dato acumulado es de un 1,5% interanual en el pasado septiembre).
Según el delegado de Hacienda, el gobierno municipal ha estado esperando todo lo posible -como hace cada año- para ver la evolución de los valores catastrales ya que si estos registraran una subida, para mantener el IBI congelado sería necesario recortar el tipo impositivo nivelando ambas variables para que el resultado final del impuesto -lo que el ciudadano va a pagar, a fin de cuentas- fuera el mismo, una fórmula habitual que ya se ha empleado en muchas otras ocasiones. Sin embargo, afirma, en esta ocasión no va a ser necesario recurrir a ella. No se prevé ningún cambio en este sentido en los valores catastrales, de ahí que el ejecutivo haya optado por mantener congelada las ordenanzas fiscales con carácter general para el próximo año.
Eso sí, afirma el edil socialista, se está trabajando en dos expedientes concretos que supondrán modificaciones puntuales: una para actualizar las tarifas del servicio de taxi, que llevan tiempo sin revisarse; y otra para la ordenanza de venta ambulante. En ambos casos, se trata de peticiones realizadas por los colectivos, apunta Conrado Rodríguez.
La congelación generalizada de las ordenanzas fiscales llega tras la polémica que desde finales de 2023 ha suscitado la decisión del gobierno municipal de aplicar una subida del 13% al IBI, el impuesto que mayor impacto tiene en el ciudadano medio; un incremento que en su momento justificó el ejecutivo aludiendo a la necesidad de actualizar este tributo tras varios años congelado -fue en 2020, en el primer año del anterior mandato, cuando se aplicó la subida anterior, que en este caso fue de un 6%- y, sobre todo, a un nuevo contexto económico marcado por la subida de los precios -que afectaba considerablemente a los costes de obras y servicios municipales- y el consiguiente incremento de las retribuciones del personal que se aprobó en la administración, precisamente, a consecuencia de la inflación; factores todos ellos que suponían un importante sobrecoste para las arcas municipales.
Por su parte, el delegado del área de Desarrollo Económico ha subrayado también el amplio catálogo de bonificaciones que recogen las distintas ordenanzas fiscales, tanto para favorecer el desarrollo de la actividad económica y la generación de empleo como las políticas 'verdes' en favor de la sostenibilidad y, por su puesto, con una perspectiva social, para que los ciudadanos con menos recursos no se vean perjudicados.
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