La resolución del contrato de La Magdalena, en manos del Consultivo

San Fernando/La controvertida resolución del contrato de las obras para la construcción del parque de La Magdalena, que el Ayuntamiento de San Fernando ha abordado tras más de dos años de parón y numerosas críticas ciudadanas con el propósito de recuperar las riendas del proyecto, ha quedado en manos de Consejo Consultivo de Andalucía, que tendrá que emitir un dictamen con respecto a la indemnización que le corresponde a la UTE adjudicataria.

La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes acordó la remisión a este órgano de la propuesta de acuerdo adoptada el pasado 23 de octubre siguiendo el procedimiento administrativo habitual.

El paso se da después de que la UTE adjudicataria presentara escrito de alegaciones con fecha 17 de octubre de 2024 en el que mostraba su oposición al expediente de resolución del contrato de obras, algo que se esperaba de antemano.

De hecho, el gobierno municipal da por sentado que esta 'pelea' por la indemnización que tendrá que abonar al contratista terminará en los juzgados, si bien la prioridad del ejecutivo ahora mismo es volver a licitar las obras para que puedan ejecutarse los trabajos en el menor tiempo posible y así dar respuesta también a las demandas ciudadanas dadas las molestias que ha desencadenado la paralización de los trabajos durante tanto tiempo.

Pero por el momento, la resolución del contrato se mueve todavía dentro de los cauces administrativos. Así, al haber mediado oposición de la UTE contratista en el procedimiento, procede recabar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía con carácter previo a la adopción de la resolución definitiva. Y este paso puede todavía tardar unos meses.

Los trabajos para el parque metropolitano de La Magdalena se iniciaron en 2022, pero apenas estuvieron 80 días en marcha: del 20 de mayo al 8 de agosto. Ni siquieran llegaron a los tres meses al pararse con el argumento de los fallos cometidos durante las catas y estudios geotécnicos iniciales en una zona de relleno de salinas, lo que comprometía la viabilidad de todo el proyecto inicial. Según consta en los informes oficiales, de La Magdalena únicamente se ha ejecutado un 1,03% de la obra contratada habiéndose certificado la cantidad de 62.853,12 euros de los 7.368.418,36 euros por los que se había adjudicado la actuación.

Según la propuesta de resolución aprobada por el Ayuntamiento se contempla una indemnización a la adjudicatria del 3% del precio de adjudicación, unos 180.000 euros. El contratista, sin embargo, reclama desde octubre de 2023 el doble: un 6%, algo más de 360.000 euros.

La primera cuantía responde a la causa en la que el Ayuntamiento de San Fernando motiva la resolución del contrato, porque el coste final de la obra supera el 20% inicial. La segunda, la que reclama el contratista, basa la resolución en una causa "imputable a la administración" al mantener las obras suspendidas durante un plazo superior a los 8 meses. La Ley de Contratos del Sector Público contempla en el primer caso derecho a una indemnización del 3% y, en el segundo, del 6%.

Desde el Ayuntamiento isleño se recriminó a la adjudicataria haber actuado "con mala fe" al haber dilatado intencionadamente los tiempos mientras se redactaba un modificado cuando en realidad no tenía intención alguna de retomar los trabajos.